La ONU asegura que está habiendo una «limpieza étnica» en Birmania

"Dado que Birmania ha rechazado permitir el acceso a investigadores de derechos humanos, la situación actual no puede ser evaluada plenamente, pero se parece a lo que se define en los libros de textos como limpieza étnica", señaló.

"El Gobierno birmano debe dejar de pretender que los rohinyás queman sus propias casas y devastan sus propios pueblos. Esta negación completa de la realidad daña enormemente" la imagen internacional del Ejecutivo, afirmó Zeid.

"Insto al Gobierno a poner fin a sus crueles operaciones militares actuales, a rendir cuentas por todas las violaciones ocurridas y a revertir el patrón de la severa y extendida discriminación contra la población rohinyá", añadió.

Zeid, que recordó que en menos de tres semanas han huido del estado de Rakáin a Bangladés casi 300.000 rohinyás por la brutal operación de seguridad en esa zona en respuesta a un ataque de un grupo insurgente perteneciente a esta minoría étnica el pasado 25 de agosto, instó a las autoridades birmanas a permitir a su oficina "acceso sin restricciones al país".

Se trata de una operación "aparentemente mucho más importante" en esta ocasión en comparación con otra en octubre pasado, cuando huyeron 87.000 rohinyás de Rakáin.

El diplomático jordano consideró que la operación actual "es claramente desproporcionada y sin respeto a los principios básicos del derecho internacional".

Zeid sostuvo que su oficina dispone de "múltiples" informes e imágenes de satélite que muestran cómo las fuerzas de seguridad birmanas y milicias locales han quemado pueblos rohinyás, y relatos constantes de asesinatos extrajudiciales.

El alto comisionado asimismo se mostró consternado por las informaciones de Amnistía Internacional (AI) acerca de la existencia de minas antipersona en la frontera con Bangladés plantadas supuestamente por el Ejército birmano.

También denunció declaraciones oficiales que apuntan a que los refugiados que han huido de la violencia solo podrán regresar si pueden aportar "pruebas de nacionalidad", un "ardid cínico" por parte del Ejecutivo para "transferir forzadamente a grandes números de personas" fuera del país, dado que los rohinyás son una población apátrida y no tienen derechos políticos y civiles desde 1962.

En cuanto a Bangladés, que coge a cientos de miles de rohinyás, Zeid alentó al Gobierno a mantener abiertas las fronteras para los refugiados, y urgió a la comunidad internacional a ayudar a las autoridades a recibir y asistir mejor a estas personas.

Por contra, el alto comisionado "deploró" las medidas actuales de la India para deportar a rohinyás en un momento de tanta violencia en su país. La India es hogar de unos 40.000 rohinyás, de los que 16.000 han recibido el estatus de refugiados.

Zeid dijo que ese país alega que no es un estado firmante de la Convención de Refugiados, pero recordó que, como nación que ha ratificado el Convenio internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la India no puede efectuar "expulsiones colectivas" o devolver a personas a un lugar donde se enfrentan al riesgo de la tortura u otros abusos graves.