Investigadores de la ONU acusan al Ejército de Birmania de genocidio en Rajine

Así se desprende del resultado de la investigación llevada a cabo por la Misión Internacional Independiente creada en marzo de 2017 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la cual ha encontrado pautas de graves violaciones y abusos de los Derechos Humanos en estos tres estados que «sin lugar a dudas equivalen a los crímenes más graves en virtud del Derecho Internacional».

«La necesidad militar nunca justificaría los asesinatos indiscriminados, la violación grupal de mujeres, la agresión a niños y la quema de localidades enteras», sostienen los miembros de la misión de investigación. Según ellos, las tácticas llevadas a cabo por el Ejército birmano, el Tatmadaw, «son enormemente desproporcionadas con respecto a las actuales amenazas de seguridad, especialmente en Rajine, pero también en el norte de Birmania», donde se encuentran Kachin y Shan.

Los investigadores de la ONU consideran que «son chocantes por el nivel de negación, normalidad e impunidad que va unido a ellas». «El desprecio del Tatmadaw por la vida humana, la integridad y la libertad y por el Derecho Internacional en general debería ser motivo de preocupación para toda la población», añaden.

En concreto, los investigadores han identificado que en Kachin, Shan y Rajine se han cometido crímenes contra la Humanidad que incluyen asesinato, encarcelamiento, desapariciones forzosas, tortura, violación, esclavitud sexual, persecución y esclavitud.

Además, en el estado de Rajine, del que han huido más de 700.000 miembros de la minoría musulmana rohingya en el último año ante la campaña de represión de las fuerzas de seguridad, también se han detectado elementos de crímenes contra la Humanidad como exterminio y deportación.

«Los delitos en el estado de Rajine y la manera en que estos han sido perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a los que han permitido intenciones genocidas en otros contextos», han concluido los expertos, que han citado como ejemplo la «retórica de odio», las «políticas de exclusión», la intención de «alterar la composición demográfica» de la región y la «escala y brutalidad extremas de la violencia».

Los investigadores concluyen que «hay suficiente información para garantizar una investigación y procesamiento de altos cargos de la cadena de mando del Tatmadaw con el fin de que un tribunal competente determine su responsabilidad por genocidio en relación de la situación en Rajine».

Así, el informe alude directamente al jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, y a otros cinco altos mandos, si bien existe una lista secreta de otros potenciales responsables que sería entregada a un órgano «competente y creíble» que asumiese un hipotético procesamiento.

Las sospechas se ciernen también sobre las autoridades civiles, toda vez que «han contribuido a la comisión de las atrocidades». En concreto, el texto critica a la consejera de Estado, la premio Nobel de la Paz Aung Sang Suu Kyi, por no utilizar su posición «de facto» como líder del Gobierno birmano ni su «autoridad moral» para prevenir los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas.

«La impunidad está profundamente arraigada en el sistema político y legal de Birmania, lo que deja en la práctica al Tatmadaw por encima de la ley», reza el informe, que lanza un llamamiento a la comunidad internacional para que busquen una fórmula de rendición de cuentas.

Los investigadores han planteado que el Tribunal Penal Internacional (TPI) u otra corte establecida 'ad hoc' analicen los posibles abusos y que, a la espera de dicho proceso judicial, un mecanismo «independiente» e «imparcial» se encarge de recabar y conservar las pruebas. Asimismo, también ha recomendado sanciones contra los individuos considerados responsables de los crímenes.

Para los expertos, la «catástrofe» sufrida en Rajine por la comunidad rohingya deriva de la situación de represión «severa, sistemática e institucionalizada» en que dicha minoría vive desde hace décadas. El informe alude como ejemplo histórico una declaración formulada en noviembre de 2012 por un dirigente de Rajine y que, citando a Hitler, aseguró que algunos «actos inhumanos» son necesarios para «mantener la raza».

De esta forma, sin ciudadanía y con los movimientos restringidos, los rohingya llevaban años sufriendo en sus carnes el preludio de lo que terminó estallando hace un año, cuando en cuestión de horas las fuerzas de seguridad respondieron de forma «brutal» y «desproporcionada» a los ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA).

Los investigadores confirmaron que el movimiento de tropas ya había comenzado a principios de agosto de 2017, antes de los ataques, y recuerdan en su informe que el principal jefe militar ya había instado a dar carpetazo «al trabajo sin acabar» y a resolver «el problema bengalí» -término despectivo para los rohingya-.

«Tuve suerte, solo me violaron tres hombres», cuenta una superviviente de esta barbarie. La misión de la ONU también ha conocido de primera mano a niños con heridas visibles de haber sido tiroteados, apuñalados o quemados y que serían prueba viviente de los abusos que ahora quieren llevar ante la Justicia internacional.