«Necesitamos que nos envíen armas para derrocar al ejército birmano»

Myanmar está sumida en una profunda crisis social, económica y política desde que, en febrero de 2021, los militares pusieron fin con un golpe de Estado al esperanzador proceso de democratización iniciado en 2008. Hace 15 años, sin mediar revolución de por medio, la Junta Militar que gobernaba Myanmar redactó una Constitución destinada a acabar con medio siglo de dictadura. «Arrancaron la transición democrática por voluntad propia bajo la premisa de una 'democracia disciplinada', con una Constitución que les otorga un 25% de los escaños -poder de veto- y ministerios como el de Interior, Asuntos Exteriores o Defensa», explica Lashi La.

Con ese as en la manga, el Ejército organizó las elecciones generales de 2010, las primeras desde 1990. Marcaron un punto de inflexión en las relaciones del país con el resto del mundo, que comenzó a invertir ingentes cantidades de capital y aceleró el desarrollo económico de uno de los estados más pobres de Asia. «Los militares confiaban en que el marco político creado les permitiría mantener el poder para siempre y, aunque la Constitución no gustaba, la gente comenzó a participar pacientemente en política con la esperanza de que fuese el primer paso hacia una democracia real», recuerda el presidente.

La siguiente votación, en 2015, certificó el tirón de la Liga Nacional por la Democracia (LND), liderada por Aung San Suu Kyi. La Constitución vetaba su acceso a la presidencia porque tenía familiares directos de otra nacionalidad, por lo que tuvo que gobernar con un títere en el cargo y amansando constantemente al Ejército. En 2020 Suu Kyi renovó su victoria con un margen tan amplio que puso nervioso a los uniformados. El Golpe y el inmediato encarcelamiento de La Dama fueron la respuesta a la propuesta de reformas constitucionales.

«Ahora se ha aprobado una nueva ley electoral que es imposible de aceptar, razón por la que 40 partidos políticos han sido disueltos. Esto refleja que el Ejército rechaza frontalmente la voluntad del pueblo», denuncia Lashi La, que ve un claro paralelismo entre la coyuntura actual y la de 1990. «Entonces, como ahora, perdimos la oportunidad para hacer una transición pacífica. Pero es que los militares no quieren democracia sino controlar el poder. Por eso han impuesto una condena de 33 años a Suu Kyi. La han borrado de la escena política de Myanmar, algo que nos entristece profundamente», sentencia.

En esta situación tan complicada, el país se prepara para volver a la urnas este año, en un clima de barbarie que muchos consideran la antesala de un baño de sangre. A pesar de ello, Lashi La y su gobierno paralelo no renuncian a un ambicioso objetivo doble: «Derrocar a la Junta Militar para borrar al Ejército de las instituciones gubernamentales, y crear una unión federal democrática».

Para la consecución de la primera meta, el NUG plantea la unión de los diferentes grupos étnicos armados que llevan décadas combatiendo a los militares en la periferia de este cóctel de 134 nacionalidades. «Creo que es el momento adecuado para que todos los grupos armados se sumen a nosotros y nos coordinemos para combatir a los militares, porque solo tras su derrocamiento podemos avanzar en el segundo objetivo», apostilla.

Lashi La considera que los birmanos de todas las etnias y religiones tienen en sus manos una oportunidad histórica para trabajar juntos. «Tenemos que dejar atrás las rencillas del pasado y crear un clima de confianza, tanto entre nosotros como con la etnia bamar -mayoritaria en el país-, que está sufriendo en carne propia la brutalidad del Ejército. Ahora entienden que debemos dejar atrás el chovinismo y sumar fuerzas para hacer frente al enemigo común», explica.

Si lo logra, el NUG pondría en marcha su hoja de ruta hacia la democracia que se inicia con la creación de «un gobierno de transición inclusivo, en el que estén representados todos los grupos étnicos armados, todos los partidos políticos, la sociedad civil y organizaciones juveniles».

El segundo paso, según su presidente, implicaría abrir un período de consultas con todos los estamentos de la sociedad para redactar una nueva Constitución que garantice democracia, justicia, igualdad y las libertades individuales. «Y que reconozca el derecho a la autodeterminación en todas las regiones del país para construir el Estado federal del Myanmar del futuro».

Ese último punto es clave. Porque, tras la chapucera descolonización británica, Myanmar se debería haber conformado como una unión federal. «Fracasamos en el pasado por dos razones: primero, porque el Ejército ha aprendido de la estrategia colonial británica del 'divide y vencerás' y la ha utilizado con los grupos étnicos, utilizando oportunidades económicas y prebendas varias como anzuelo; segundo, la comunidad internacional es muy naif cuando piensa en la Junta Militar, y ha apoyado esa falsa transición democrática a pesar de que nosotros demandamos más apoyo para los grupos étnicos armados», analiza Lashi La.

El presidente es consciente de que, con la atención monopolizada por la guerra en Ucrania, el interés y los recursos del mundo para otros conflictos son mínimos. Aun así, Lashi La advierte de que una crisis humanitaria está en ciernes. «La única manera de evitarla y de acabar con las atrocidades que se están produciendo es que la comunidad internacional nos envíe armas para derrocar al Ejército», sentencia Lashi La. En su opinión, el mundo está «confundido» sobre lo que sucede en la antigua Birmania «porque los militares hacen lobby y afirman que si caen se creará un caos», pero es contundente cuando afirma que los gobiernos tienen que elegir entre «un gobierno terrorista» y el suyo, «apoyado por el pueblo».

El problema es que la definición birmana de 'pueblo' ha excluido a un importante grupo social, el de los rohingya. Naciones Unidas la considera una de las etnias más perseguidas del mundo, y ha sido víctima de una limpieza étnica que ha resultado en la expulsión de casi un millón de personas a la vecina Bangladés, país del que son originarios sus miembros. De mayoría musulmana, los rohingya habitan el centro-oeste de Myanmar y son uno de los principales focos de tensiones sociales y religiosas.

Para ellos, Lashi La tiene una promesa: «Garantizaremos la ciudadanía a cualquiera que haya nacido en este país, que debe tener los mismos derechos y oportunidades que el resto». A diferencia de lo que hizo Suu Kyi, que se negó a concederles la ciudadanía y cometió así «un error», el presidente reconoce «el sufrimiento de todas las personas» y asegura que el proceso de reconciliación debe incluir a todos los grupos étnicos que habitan el país. «Hemos aprendido la lección», concluye.