Japón verterá al mar un millón de toneladas de agua de Fukushima

El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, fue el encargado de hacer público el acuerdo al que ha llegado con los miembros de su Ejecutivo tras contar con el beneplácito de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). «La eliminación del agua tratada es un tema inevitable en el desmantelamiento de la planta de Fukushima Daiichi», señaló al recalcar que el plan respetará «los estándares de seguridad» y se tomarán «medidas firmes para evitar posibles daños».

El debate sobre qué hacer con el agua de la central se ha prolongado siete años y urgía encontrar una solución ya que a mediados de 2022 los tanques de la instalación nuclear habrán alcanzado su máxima capacidad. Hasta el pasado septiembre, el agua almacenada ascendía a 1,23 millones de toneladas y llenaba 1.044 depósitos. Las otras opciones que se barajaban eran la evaporación o su acopio sostenible. Pero finalmente han considerado que lo mejor será liberarla al mar.

El proceso de vertido está previsto que comience dentro de dos años y podría durar décadas, según las previsiones de las autoridades japonesas. Antes de que el agua sea arrojada al mar en pequeñas cantidades se realizará un tratamiento previo para eliminar la mayoría de las sustancias radiactivas (radionucleidos), pero no el tritio, que no se puede quitar con las técnicas actuales.

Los pescadores, agricultores y residentes de Fukushima fueron este lunes los primeros en alzar sus voces contra la decisión del Gobierno nipón. «Nos dijeron que no se vertería el agua sin nuestra adhesión y ahora anuncian que lo harán. Es incomprensible», decía a la cadena pública NHK Kanji Tachiya, director de una cooperativa pesquera local. La indignación se hizo igual de patente en ciudades como Tokio, donde un centenar de personas se manifestaron frente a la residencia oficial de Suga.

Las reacciones de condena llegaron también de la organización ecologista Greenpeace y de países vecinos como China, cuyo Ministerio de Exteriores calificó de «extremadamente irresponsable» la decisión de Japón. «Dañará mucho la salud y la seguridad pública en el mundo, así como los intereses vitales de la región», señaló Pekín en una nota en la que insistió que «el océano es propiedad común de la humanidad». Corea del Sur, por su parte, convocó al embajador nipón en Seúl para trasladarle su protesta.

El director general de la AIEA, Rafael Grossi, por el contrario, aplaudió el anuncio del Gobierno japonés y le trasladó su apoyo «para llevar a cabo un plan seguro». Estados Unidos, en una línea similar, defendió que Tokio ha sido «transparente» y ha actuado acorde a los «estándares de seguridad internacionales».