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diana martínez
Martes, 24 de enero 2023, 12:11
Más de dos años han pasado desde la gran explosión registrada en el puerto de Beirut, producida en un almacén que albergaba centenares de toneladas de nitrato de amonio sin ninguna medida de precaución, que dejó dos centenares de muertos y 6.500 heridos. El ... juez libanés Tarek Bitar retomó ayer las investigaciones tras trece meses de parálisis, en las que por numerosas demandas presentadas contra él para que fuera apartado del caso obligaron a suspender las pesquisas. Después de «estudios jurídicos llevados a cabo desde hace un mes para salir de la parálisis», según explicó Bitar al diario 'L'Orient le Jour', las labores continúan. Y lo hacen con fuerza, con nueve imputados.
El investigador jefe de la explosión ha imputado este martes al fiscal general de Líbano, Ghasán Ueidat, y a otros tres jueces: Ghasán Juri, Carla Shauá y Jad Maaluf. A éstos se suman el jefe de espionaje, el mayor general Abbas Ibrahim; el director de Seguridad del Estado, el mayor general Tony Saliba; y el excomandante del Ejército libanés Jean Kahwaji, según recoge Reuters. La agencia recalca que no se ha precisado bajo qué cargos han sido procesados.
Por otra parte, Bitar ordenó liberar a cinco personas que ya habían sido detenidas por el incidente, entre ellas el director de Aduanas, Chafic Merhi. También Sami Husein, el exdirector de operaciones en el puerto donde ocurrió la detonación hace ya dos años; Michel Nahul, el director de proyectos en las instalaciones portuarias; Ahmad Raja, un empleado sirio que participó en las labores de mantenimiento en el almacén donde se produjo la explosión; y Selim Chebli, empresario a cargo de supervisar estos trabajos.
La reanudación de la investigación ha calentado los corazones de las familias de las víctimas mortales de la denotación que tuvo lugar en agosto de 2020. «Esto nos hizo muy felices», apuntó a Reuters Mariana Fadoulian, portavoz del grupo de afectados. Es «la noticia más positiva» que han recibido en más de dos años, expresó la mujer, que perdió a su hermana en la explosión. Un incidente que gran parte de la población atribuyó a la corrupción y a la negligencia de la clase dirigente. Las autoridades del país se negaron en varias ocasiones a que se llevara a cabo una investigación internacional, una acción que pidieron no solo las familias de las víctimas, también organizaciones de defensa de los derechos humanos.
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