Los habitantes de Fukusima, reacios a regresar a sus casas

Pero Kazuko Nihei, que abandonó su vivienda en la ciudad de Fukushima (a unos 70 km. de la central) junto a sus hijas, no quiere ni oír hablar de volver a su casa, con o sin los Juegos Olímpicos, aunque haya dejado de recibir las subvenciones del Gobierno. «No lo dudo ni un momento», afirma la mujer a AFP en Tokio, adonde se mudó en 2011 junto a sus hijas, de 11 y 9 años en la actualidad.

Tras la explosión en la central Fukushima Daichi que comportó la expulsión masiva de sustancias radioactivas, el Gobierno ordenó la evacuación de una amplia zona de los alrededores, poblada por más de 140.000 personas. Sin embargo, los vecinos de localidades limítrofes, oficialmente no afectadas por esas órdenes, también decidieron irse, incluida Nihei. En cambio, su marido y sus suegros se quedaron en Fukushima.

Durante seis años, Nihei se benefició de una vivienda pagada con subvenciones gubernamentales, pero el apoyo a los evacuados, a los que la las autoridades llaman «voluntarios», terminó en marzo de 2017. Desde entonces, se mudó a otra vivienda y ahora pena para pagar los 130.000 yenes (algo más de 1.000 euros) del alquiler al mes y mantener a sus hijas, trabajando los siete días de la semana.

La vida es dura pero ella prefiere eso a volver a Fukushima, aunque el Gobierno haya certificado que es una zona segura. Nihei está preocupada «por la salud de las niñas, ya sea por un mayor riesgo de cáncer o por consecuencias genéticas». «Si tuviéramos derecho a un chequeo de salud anual completo me podría plantear regresar, pero lo que nos ofrecen actualmente no basta, pues solo incluye la detección del cáncer de tiroides», precisa.

El Ejecutivo nipón lanzó un ambicioso programa de descontaminación de carreteras, campos, áreas recreativas y edificios y levantó las órdenes de evacuación en la mayor parte de la zona siniestrada. Una política que dista mucho de convencer a la opinión pública. En un sondeo realizado en febrero por el diario 'Asahi Shimbun' y la televisión de Fukushima, KFB, un 60% de los habitantes de la región afirmaba seguir teniendo miedo a las radiaciones.

Parte de la desconfianza nace de la decisión de subir el nivel aceptable de exposición a las radiaciones, hasta 20 milisieverts (mSv) al año (antes era de 1 mSv), el mismo que para los trabajadores de instalaciones nucleares. Esa cantidad entra dentro de los límites fijados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que establece una dosis máxima de 1 mSv/año en situación normal y una horquilla de 1 a 20 mSv/año en situación posaccidental. Sin embargo, los expertos advierten que la radioactividad actual durará décadas, y oenegés como Greenpeace recalcan que nadie debe estar expuesto a esas dosis durante tanto tiempo.

«Tememos que la reducción de las subvenciones provoque [...] suicidios y dejen a la gente en la calle» por falta de trabajo en la región, denunció Daisaku Seto, secretario general del Centro de Cooperación para el 11 de marzo de 2011, una oenegé que apoya a las personas evacuadas.

Algunos culpan al gobierno de dedicar dinero a los preparativos de las olimpiadas en lugar de mantener las subvenciones. «Creo que hay otras cosas que hacer que acoger los Juegos Olímpicos», denuncia Noriko Matsumoto, de 57 años, que en 2011 se tuvo que ir junto a su hija de Koriyama, en la prefectura de Fukushima.