El genocidio de los rohinyás sigue impune cinco años después de su exilio en Bangladesh

A consecuencia de la violencia extrema, 740.000 personas huyeron a la vecina Bangladesh, donde viven en campamentos en unas condiciones insalubres. Cinco años después, su situación y las posibilidades de regreso continúan sin visos de mejorar. Especialmente desde que en febrero de 2021 ascendieran al poder tras un golpe de Estado los militares que llevaron a cabo lo que la Corte Internacional de Justicia de La Haya investiga como genocidio. El jefe de la junta militar que actualmente gobierna el país, Min Aung Hlaing, dirigió las fuerzas armadas durante la campaña de represión de 2017. Considera que la identidad de los rohinyás es «imaginaria».

La denuncia ante la Justicia internacional llegó por iniciativa de Gambia. El pequeño país de África occidental considera que Birmania violó la Convención de la ONU para la prevención y represión de genocidio. Entre los crímenes cometidos estarían «el asesinato de miembros de la comunidad» rohinyá y la «sumisión intencional de la comunidad a condiciones de vida que impliquen su destrucción física total o parcial».

Mientras la investigación de La Haya se demora, miles de refugiados en Bangladesh se manifestaron este jueves con carteles, pancartas y gritando consignas para exigir el retorno seguro a su región de origen, Rakhine, en el oeste de Birmania. «Todo lo que queremos es una regreso digno a nuestra tierra», relató a la agencia Reuters Sayed Ullah, uno de los dirigentes comunitarios en los campamentos.

Allí las condiciones son extremas. Según Médicos Sin Fronteras, el acceso a la atención médica especializada es «extremadamente limitado». Las tasas de diarrea e infecciones de piel son altas. «Varias generaciones podrán verse afectadas si fracasamos en nuestra obligación de proteger a los rohinyás, sus derechos fundamentales y su dignidad», declaró Noeleen Heyzer, enviada espacial de la ONU a Birmania.

La situación no es más sencilla para los que decidieron no huir del horror. Unos 600.000 rohinyás se quedaron en Birmania, donde están considerados extranjeros y tienen limitados sus derechos, como el acceso a la sanidad o la educación. Tampoco pueden moverse libremente. Un trato que la oenegé Humans Right Watch compara con un «apartheid».