El Gobierno de Japón trata de salir a flote en medio de un escándalo de corrupción. En una sesión parlamentaria extraordinaria, el primer ministro, Fumio Kishida, ha anunciado que sustituirá en los próximos días a varios ministros supuestamente envueltos en un caso de sobornos con ... los fondos recaudados para su formación política, el Partido Liberal Democrático (PLD).
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Entre los cargos que probablemente caerán están los pesos pesados del Ejecutivo: el jefe de gabinete, Hirokazu Matsuno; el ministro de Economía, Yasutoshi Nishimura; el titular de Interior, Junji Suzuki, y el de Agricultura, Ichiro Miyashita, además de cinco viceministros, según informaron medios nipones.
Kishida, de 66 años, ha visto cómo su imagen pública se ha deteriorado desde que llegó al poder en octubre de 2021. La Fiscalía investiga el origen de unos 500 millones de yenes (3,2 millones de euros) y si ese dinero se empleó en sobornar a miembros del partido que gobierna desde la época del anterior primer ministro, Shinzo Abe, asesinado en 2022. Al parecer, altos cargos del partido gobernante recibieron miles de euros procedentes de la recaudación de fondos que desaparecieron de las cuentas oficiales del partido.
El PLD se enfrenta ahora a un proceso judicial por no haber declarado algunos ingresos que, al parecer, fueron destinados a la creación de fondos secretos. La Cámara de Representantes ha rechazado una moción de censura contra el gabinete de Kishida, presentada por el principal opositor, el Partido Demócrata Constitucional de Japón, con motivo de este escándalo que continúa. La oposición califica de «retoque cosmético» la más que probable destitución de varios ministros. Quieren la cabeza de Kishida.
«Existe una creciente desconfianza pública sobre cómo los grupos políticos manejan los fondos», reconoció el primer ministro. Y aseguró que «responderá apropiadamente» ante esta crisis que le va a obligar a cambiar el núcleo de su Ejecutivo. Todos los altos cargos señalados pertenecen a la facción del Partido Liberal Democrático que estuvo encabezada por Shinzo Abe. Los sospechosos recibieron entre 1 y 10 millones de yenes (entre 6.500 y 65.000 euros) y podrían ser castigados con hasta cinco años de prisión, de acuerdo con la ley de control de fondos políticos.
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La política japonesa se encuentra en un momento clave, «en un punto crítico para poder continuar funcionando como sociedad», alertó hace unos meses Kishida. Y no se refería a la financiación de los partidos políticos, sino al descenso de la natalidad y al aumento de la esperanza de vida. Japón, que ahora tiene 125 millones de habitantes, tendrá menos de 53 a finales de este siglo si continúa la tendencia decreciente actual.
Sin nacimientos y con una ley de inmigración muy estricta, el país ve cómo la población envejece sin relevo. Sólo Mónaco tiene un porcentaje mayor de personas que superan los 65 años. En medio de esa alarma por la pérdida de población, el Gobierno de Kishida se ve sacudido por un escándalo de corrupción que puede derribar a los ministros de mayor peso.
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