Crece el clamor contra el Ejército, que imputa a Suu Kyi

Al boicot anunciado por los médicos y las caceroladas que se han llevado a cabo en el distrito comercial de Rangún, la capital económica, se suma la puesta en marcha de un grupo llamado Movimiento de Desobediencia Civil en Facebook, que ya cuenta con unos 150.000 inscritos. «Vergüenza debería darle al Ejército», «Los militares son ladrones», aseguraban con los ánimos especialmente agitados tras conocerse que las nuevas autoridades han presentado cargos contra Suu Kyi y Myint.

El portavoz de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), Kyi Toe, el partido que lidera la Nobel de la Paz, señaló que Suu Kyi ha sido imputada por supuestamente violar la Ley de Importaciones y Exportaciones. En concreto, la acusan de haber introducido de manera ilegal en el país y utilizar sin la licencia necesaria unos aparatos para el rastreo de ondas de radio, por los que podría ser condenada a hasta tres años de cárcel. Igual pena pende sobre Myint, a quien han imputado por presuntamente violar la prohibición de participar en reuniones durante un acto de campaña, en el marco de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Documentos policiales recogidos por la cadena BBC recogen que ambos líderes permanecerán detenidos al menos otros 14 días. En el caso de Suu Kyi es mantenida bajo custodia «para interrogar a testigos, recabar pruebas y buscar asesoría legal tras interrogar a la acusada». Su detención, fruto de la acción golpista de los militares, ha desatado fuertes críticas internacionales, sobre todo de EE UU y la UE, que amenazan con aplicar sanciones por dar al traste con la frágil transición democrática del país. No en vano, la acción castrense tuvo lugar poco antes de que se conformara el Parlamento surgido de las elecciones legislativas celebradas en noviembre de 2020, en las que ganó de forma aplastante la NLD.

El general Min Aung Hlaing, quien ahora concentra la mayor parte de los poderes, considera por el contrario que el golpe de Estado era «inevitable» tras las supuestas irregularidades en los comicios y «errores en las listas de votantes», que fueron denunciados por el Ejército y el opositor Partido Unión Solidaridad y Desarrollo, afín a los militares.

En un paso más de consolidación del golpe, las Fuerzas Armadas anunciaron ayer la creación de un organismo ejecutivo que ostentará el poder durante el estado de emergencia, decretado desde el lunes y que durará hasta que dentro de un año se convoquen comicios, según se comprometieron los militares.

Bautizado como Consejo Estatal Administrativo, está integrado por once altos mandos castrenses y lo encabeza el general Aung Hlaing, quien ha señalado que las investigaciones en torno a las supuestas irregularidades electorales y la respuesta a la pandemia serán las prioridades. Asimismo, avisó de que se emprenderán «acciones legales» contra los culpables. Al respecto, la agencia alemana DPA señala que el Ejército estaría sopesando acusar de traición a Suu Kyi, un delito que podría suponer una condena de entre 20 años de cárcel o la pena de muerte.