El Tribunal Constitucional de Taiwán ha decidido mantener la pena de muerte en el país asiático -uno de los 55 de todo el mundo donde sigue en vigor- aunque limita su aplicación a los delitos más graves y con las restricciones más estrictos. El fallo ... ratifica la constitucionalidad de este castigo que todavía se aplica en la isla para una amplia serie de delitos (asesinato, robo violento con homicidio, secuestro o tráfico de estupefacientes) y cuenta con un gran respaldo social entre los taiwaneses.
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La sentencia del Constitucional llega como respuesta a una macrocausa presentada por 37 sentenciados a muerte, según recoge el diario local 'Taipei Times'. Aprobada por doce de los quince jueces del tribunal, sigue la tendencia histórica del máximo órgano judicial del país, que en el pasado había fallado a favor de la pena capital hasta en tres ocasiones. Ahora echa abajo la petición de los demandantes, que argumentaban que este castigo suponía una violación del artículo 15 de la Carta Magna, que garantiza los derechos a «la existencia, el trabajo y a la propiedad privada». «No contraviene el derecho a la vida de las personas», sostiene el dictamen.
Aunque el fallo del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente algunos aspectos de la demanda, pero determina que hay casos concretos de estos acusados que son inconstitucionales y da dos años de plazo a las autoridades para incluir las enmiendas pertinentes. Hasta que no entren en vigor estos cambios legales, la condena a muerte queda suspendida en estas causas.
El máximo órgano judicial reconoce que el Código Penal de Taiwán no hace distinción «en cuanto a la gravedad de las circunstancias del delito de homicidio». Por tanto, no se ajusta al principio de culpabilidad y resulta inconstitucional. El tribunal, además, establece varias condiciones para decretar la pena de muerte, entre las que se encuentra que sea una decisión unánime de los magistrados, y prohibe su aplicación a personas con «discapacidades intelectuales» o «enfermedades mentales».
Este castigo cuenta con un amplio respaldo entre la sociedad taiwanesa. El 85% de los ciudadanos de la isla se muestra contrario a abolir la pena capital, según un estudio del Centro de Investigación Criminal de la Universidad Nacional Chung Cheng en 2023.
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A pesar de esta apoyo social, sólo dos personas han sido ejecutadas en Taiwán en los últimos ocho años. Un fuerte contraste con las más de 250 muertes registradas en la década de los noventa. Actualmente hay 45 presos en el corredor de la muerte en la isla.
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