La central nuclear de Fukushima, un problema interminable

El 11 de marzo de 2011, los reactores uno, dos y tres se fundieron, la catástrofe nuclear alcanzó niveles nunca vistos antes de Chernóbil, y el entonces primer ministro, Naoto Kan, incluso planteó la evacuación de Tokio. No obstante, los especialistas confiaron en la capacidad del país del Sol Naciente para contener la radiación y los intereses económicos prevalecieron. Ahora, el combustible fisible continúa en las profundidades de los reactores y solo los robots pueden acceder hasta él.

Su extracción es tan importante como complicada, y no se tratará de llevarla a cabo hasta el año que viene. Incluso si se realiza con éxito, los expertos están convencidos de que esa labor se alargará hasta mediados de siglo. Hasta entonces, el Gobierno espera que el muro de hielo de un metro de grosor que ha erigido para evitar fugas al mar y a los acuíferos subterráneos sirva para contener la radiactividad que tanto preocupa a los países de toda la región.

En cualquier caso, la central continúa generando nada menos que 170.000 litros de agua altamente radioactiva cada día. Más de un millón de metros cúbicos están guardados en tanques de los que la empresa operadora de Fukushima, Tepco, quiere deshacerse para hacer espacio a un torrente que no cesa. Aunque el líquido sigue conteniendo altos niveles de tritio, la Organización Internacional para la Energía Atómica considera que verterlo al mar o dejar que se evapore son buenas soluciones, algo a lo que se oponen ecologistas y pescadores.

De forma paralela, los residentes de la zona de exclusión continúan batallando para que se les compense por las elevadas pérdidas económicas que han sufrido tras la evacuación de sus hogares. Han llevado el caso a los tribunales y el quid de la cuestión está en determinar quién es el culpable. De momento, los diez juzgados de distrito en los que se han interpuesto denuncias han reconocido la responsabilidad de Tepco, pero solo seis la del Gobierno. Y muchos critican que no tomase medidas cuando, en 2002, un informe determinó que la zona en la que se levanta la central corría peligro de sufrir un terremoto o tsunami. Sin embargo, no hay unanimidad en los tribunales al calificar la inacción de las autoridades como negligencia.