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Las fuerzas de seguridad de Pakistán realizaron una redada masiva en Jaranwala, al suroeste de Lahore, y detuvieron a más de un centenar de personas por su participación en el asalto y quema de iglesias y propiedades de la minoría cristiana. Las autoridades ordenaron además ... el despliegue de 6.000 hombres para intentar frenar los disturbios que estallaron tras difundirse el miércoles el rumor sobre la aparición de varias páginas del Corán con comentarios blasfemos escritos a mano cerca de una comunidad cristiana.
«Seguimos con la operación en marcha para detener a todos los que tomaron parte en los actos vandálicos», informó el inspector general de Policía de la provincia de Punjab, Usman Anwar. Cientos de personas atacaron cinco iglesias y también viviendas privadas, comercios y hasta tumbas de la minoría cristiana que reside en esta ciudad de 230.000 personas.
Los cristianos representan el 2% de los 191 millones de habitantes que tiene Pakistán, el sexto país con más población del mundo, y en general son un sector muy pobre de la población. La blasfemia puede conllevar la pena de muerte, aunque hasta el momento no se ha ejecutado a nadie. Desde los años ochenta está vigente la conocida como «ley de la blasfemia», un mecanismo legal que permite a tres personas ponerse de acuerdo para encerrar en la cárcel de por vida o condenar a muerte a otra al acusarle de haber insultado a Mahoma o al Corán.
Se trata del segundo incidente de este tipo en pocos días ya que un profesor de inglés de una localidad de la provincia de Baluchistán, en la frontera con Irán, fue asesinado tras ser acusado de blasfemo. Los alumnos de su academia le denunciaron ante los religiosos de la localidad y a los pocos días un desconocido le disparó a bocajarro.
El diario 'Dawn', el más importante del país, dedicó su Editorial a este ataque masivo y señaló que «nuestra élite política ha guardado silencio mientras la ley contra la blasfemia se ha usado indebidamente para saldar cuentas personales, ocupar propiedades o aterrorizar a las minorías». Esta falta de voluntad política para abolir la norma pone en peligro la seguridad de cristianos y del resto de minorías como los sijes, ahmadíes o musulmanes chiíes.
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