Un bombardeo sobre una zona rebelde en Birmania causa al menos 50 muertos

La región donde se produjo el último ataque en el que, según testigos, cayeron dos bombas está considerada contraria a la junta militar que gobierna Birmania con el general Min Aung Hlain al frente. En ese escenario resulta complicado verificar lo ocurrido este martes así como la cifra de víctimas mortales durante la apertura de la llamada Oficina de Autoridad Popular, que la Administración opositora, a través de su Ministerio de Trabajo, elevó a alrededor de cien y atribuyó a las Fuerzas Armadas (conocidas como Tatmadaw). Entre los fallecidos por la doble explosión que yacían sobre el terreno calcinado de Pazigyi, aseguró un superviviente a la cadena británica BBC, había también niños.

La oposición democrática instó tras esta masacre a acabar con la «impunidad» que rodea al régimen militar y que, desde su instauración hace un par de años tras el derrocamiento de Aung San Suu Kyi, ha sumido al país en una profunda crisis política, social y económica. Muchos birmanos han cruzado en este tiempo la frontera para escapar también de la creciente espiral de violencia, y se calcula que sólo a la vecina Tailandia han huido unos 10.000. La junta ha endurecido la represión desde su llegada al poder y, según la estadística que maneja la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Birmania (AAPP, por sus siglas en inglés), supera los 21.300 detenidos. Otra cifra que retrata la delicada situación son las 3.200 personas muertas a manos de las fuerzas leales a las actuales autoridades contabilizadas desde el golpe de Estado.

La «acción atroz» perpetrada este martes al noroeste del país por el «ejército terrorista», en palabras del Gobierno de Unidad Nacional, es un ejemplo más «del uso indiscriminado de la fuerza extrema contra civiles inocentes». La magnitud del último bombardeo fue comparado con otro ataque aéreo ocurrido el pasado otoño durante un festival de música organizado para conmemorar el 62 aniversario de la Organización para la Independencia de Kachin -de la etnia homónima que vive en Birmania y es aliada de las antiguas autoridades democráticas- donde perdieron la vida en torno a ochenta personas.

Los enfrentamientos entre militares y opositores a la junta liderada por Min Aung Hlain son recurrentes en el país. Sólo un día antes del bombardeo sobre Pazigy hubo otro sobre el estado de Chin que se cobró la vida de once civiles. Y el 30 de marzo murieron ocho ciudadanos durante un ataque aéreo en el distrito de Thantlang. Las autoridades democráticas en el exilio denuncian que acciones como estas constituyen «un crimen de guerra». Según sus cuentas, las Fuerzas Armadas birmanas han cometido más de una treintena de masacres de este tipo desde el golpe de Estado en 2021.