El Ejército de Birmania usa minas antipersona contra los rohinyás

"Los peligros que enfrentan miles de rohinyás que huyen de atrocidades en Birmania ya causan suficientes muertes sin contar ahora además con las minas terrestres. El Ejército birmano tiene que dejar de usar estas armas prohibidas, que matan y mutilan sin distinción", ha dicho la directora de HRW para el sur de Asia, Meenakshi Ganguly.

El uso de minas en la zona cercana a la frontera ha dejado víctimas como Azizul Huq, de 15 años, que falleció el 28 de agosto al pisar una mina antipersona cerca de la frontera con Bangladés al intentar huir de un ataque de los militares a su aldea.

Noor Islam, otro aldeano, vio como explosionaba una de esas minas al paso de su hijo. "No sabíamos que había minas en la zona. Vi que su pierna derecha había desaparecido", ha declarado su vecino, Mohammad.

El Gobierno birmano ha acusado al Ejército de Salvación Arakan rohinyá (ARSA) de usar bombas de fabricación casera (IED en sus siglas en inglés) contra las fuerzas del Gobierno y sus infraestructuras. Desde finales de agosto, tras un ataque coordinado del ARSA, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña de limpieza étnica que incluye quema de aldeas, asesinatos y otros abusos contra la población rohinyá.

El secretario de Seguridad y Asuntos Fronterizos, el coronel Phone Tint, ha negado las acusaciones de que las fuerzas gubernamentales estén poniendo minas terrestres en Rajine, y ha acusado al ARSA de su colocación. "No hay una mina plantada por los militares en la zona. Los terroristas plantaron las minas terrestres, los militares nunca lo harán", ha declarado.

El uso de minas antipersona está regulado en el marco del Tratado de Prohibición de Minas de 1997, aunque Birmania no se ha adherido a él y las emplea desde 1999. La utilización de estos artefactos es ilegal por su capacidad de matanza indiscriminada y por la posibilidad de permanecer activas y provocar múltiples víctimas civiles incluso años después de ser colocadas.

En abril de 2017, los Gobiernos de Birmania y Bangladés acordaron eliminar las minas terrestres y los IED de la zona fronteriza, pero este mes Dacca ha denunciado ante Naciones Unidas que el Gobierno birmano seguía minando la frontera para evitar la huida de los rohinyás.

La guardia fronteriza de Bangladés, país que sí es firmante del tratado de 1997, ha declarado haber visto a soldados birmanos colocar minas durante los primeros días de septiembre y calcula que estos artefactos han causado al menos cinco víctimas mortales y 12 heridos desde el acuerdo de abril.

Algunos refugiados también han presenciado la colocación de minas. Rohim, uno de los testigos, afirma que "Llegan en equipos de cuatro a diez personas. Cavan y ponen minas en las carreteras", de forma que cuando atacan la aldea, los rohinyás no pueden huir por ellas. Otros testigos apuntan a la colocación de minas cerca del hospital de la zona.

Human Rights Watch ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a adoptar una resolución de condena a la campaña de limpieza étnica de los militares birmanos y a imponer sanciones al país que incluyan el embargo armas.