Los abusos y accidentes de los confinamientos colman la paciencia de los chinos

El desencadenante ha sido el incendio mortal del pasado jueves en un edificio confinado de Urumqi, capital de la región musulmana de Xinjiang, que lleva más de tres meses cerrada por un brote del coronavirus. Los diez fallecidos por el fuego, que podrían ser más, perecieron abrasados sin poder salir de sus casas por las rejas instaladas entre plantas y por la tardanza en llegar de los bomberos, cuyos camiones no podían atravesar las barreras porque las calles estaban cortadas por el confinamiento.

La tragedia ha colmado la paciencia casi infinita de los chinos, que llevan más de dos años sufriendo restricciones y sin poder viajar, ni al extranjero ni a veces dentro de su propio país, mientras ven cómo el resto del mundo ha recuperado la normalidad. Particularmente hiriente está siendo el mundial de fútbol en Qatar, que ha obligado a la televisión estatal a evitar los primeros planos de las gradas abarrotadas de público sin mascarilla.

Pero eso no es lo peor, sino el cúmulo de abusos y tragedias colaterales que está causando la draconiana estrategia del Covid 0. Al incendio de Xinjiang se suman otros accidentes. El más grave de ellos tuvo lugar en septiembre en la provincia sureña de Guizhou, donde volcó de madrugada en una carretera de montaña un autobús de la cuarentena que llevaba a 47 personas a un centro de aislamiento a 250 kilómetros de sus casas. Fallecieron 27 pasajeros, lo que desató un aluvión de críticas en las redes sociales pese a la censura.

A principios de este mes, un niño de tres años murió por una intoxicación de gas porque su padre no pudo llevarlo a tiempo al hospital por culpa de los controles en el confinamiento de Lanzhou, capital de la provincia oriental de Gansu. En Shanghái, cuyos 25 millones de habitantes estuvieron confinados durante los meses de abril y mayo entre penurias por falta de comida, a sus 558 fallecidos por Covid hay que añadir un número indeterminado de víctimas colaterales por suicidios, tratamientos médicos interrumpidos y hasta de pacientes que murieron por no tener una prueba PCR negativa para entrar en un hospital.

Los casos que causaron más indignación fueron el de una enfermera, fallecida por un ataque de asma a las puertas de un hospital que no le permitía el acceso, y el de la madre de un conocido economista taiwanés, Larry Hsien, porque su PCR se retrasó más de cuatro horas y no pudo recibir la inyección que necesitaba para sus problemas de riñón. En enero, durante el confinamiento de Xi'an, una embarazada perdió a su bebé a las puertas del hospital por no tener su código QR de salud en verde.

Todos estos casos, junto a los internamientos en campos de aislamiento en condiciones inhumanas y las restricciones de movimientos, han roto el contrato social que tenían los chinos con el régimen del Partido Comunista. A cambio de su libertad y falta de democracia, disfrutaban de estabilidad y prosperidad, pero la economía se está hundiendo porque, según el último informe de la consultora Nomura, el 20% del PIB está confinado y llegará al 30% en las próximas semanas.

Hartas de las restricciones, miles de personas han salido a protestar en numerosas ciudades, desde Pekín a Cantón pasando por Shanghái y Wuhan, y los universitarios se han rebelado contra los encierros en sus campus. Entre sus proclamas, han pedido libertad y hasta el fin del Partido Comunista y la dimisión del presidente Xi Jinping. Tal desafío es histórico por el control «orwelliano» del régimen chino, que está reforzando la seguridad para atajar las protestas pero se enfrenta su mayor reto desde Tiananmen.