Ana García Carías, la mujer del narcopresidente

La iniciativa pretende lavar la imagen del reo, una tarea complicada ante la contundencia de las pruebas. El lastre no es tan sólo su marido. Esta abogada de 55 años ya ha resultado salpicada por la corrupción. Su carrera política se había iniciado al asumir la dirección de una comisión interinstitucional implicada en la reinserción de los emigrantes retornados. Pero las buenas intenciones se quebraron sólo dos años después. En 2015 la oposición denunció que había comprado una residencia en Florida valorada en dos millones de dólares.

Ella no negó la adquisición, pero alegó que la familia poseía recursos por su trayectoria profesional y que, para llevarla a cabo, había solicitado un préstamo en Estados Unidos a una entidad crediticia que nunca reveló. Sus declaraciones quedaron en entredicho cuando los medios de comunicación locales revelaron que la transacción se efectuó, presuntamente, mediante dos pagos en metálico.

Los éxitos sociales y económicos de Hernández o JOH, como es conocido en Tegucigalpa, se vinieron abajo cuando escándalos de enorme magnitud comenzaron a aflorar. La sospechosa operación inmobiliaria coincidió en el tiempo con el descubrimiento de un desfalco de grandes proporciones en el Instituto de Seguridad Social.

El estallido se produjo en el año 2013, poco después de iniciar su primer mandato, y la postura del dirigente fue de mano dura con el crimen, aparentemente asociado a Porfirio Lobo, su antecesor. Pero, al parecer, tampoco tenía las manos limpias. La investigación puso de manifiesto que algunas empresas implicadas en los sobreprecios habían tomado parte en su campaña presidencial. También se comprobó que la mansión de la primera dama se hallaba en la misma urbanización en la que Lobo se había hecho con otra.

El escenario político se volvió definitivamente surrealista al final de la primera etapa de Hernández. El presidente se volvía un adalid contra las malas prácticas y en 2016 aprobaba un acuerdo con la Organización de Estados Americanos que ponía en marcha la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, una institución independiente encargada de asesorar al aparato judicial. Dos años después, esta entidad revelaba el robo de los fondos públicos destinados a proyectos agropecuarios y solicitaba la incautación de los bienes de una firma implicada en el saqueo. La empresa estaba a nombre de tres personas y una de ellas era Ana Rosalinda. La implicada afirmó que se había desligado del negocio hacía mucho tiempo.

Pero lo peor estaba por llegar. El procesamiento en Estados Unidos del diputado Tony Hernández, hermano del presidente, por sus vínculos con la mafia local de Los Cachiros, reveló una vasta red delictiva que ejercía de intermediaria en el flujo de droga entre las bandas colombianas y el cártel mexicano de Sinaloa. Las declaraciones de los testigos implicaban también al jefe del Ejecutivo, que achacó estas acusaciones al deseo de venganza por su estrategia anticriminal.

El fin del segundo mandato de JOH parecía acabar con los conflictos para la pareja. Ana Rosalinda quería retomar su trabajo legal tras el fin de la carrera política de su marido, mientras que él buscaba un retiro plácido en la ciudad turística de Gracias. Pero ninguno de sus planes ha llegado a buen puerto. Tras perder la inmunidad, JOH fue extraditado a Estados Unidos, juzgado en el Distrito Sur de Nueva York y declarado culpable el pasado 8 de marzo. Como le sucedió a su hermano, corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua.

Las conclusiones judiciales son contundentes. Según estas investigaciones, el preso puso en marcha todo un narcoestado al implicar a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Congreso, en la protección del tráfico de cocaína e, incluso, llegó a mejorar las infraestructuras viarias en función de los intereses de los capos. En cualquier caso, la implicación del político no constituye una desafortunada excepción. La relación de Honduras con la droga se remonta a los años 70, cuando Pablo Escobar estableció vínculos con delincuentes locales para organizar rutas mercantiles.

La victimización y cierto rencor al gringo son los instrumentos de la candidata en ciernes. También la anarquía de su partido, enfangado tanto por la corrupción como por su vínculo con el crimen organizado. Mientras tanto, los hondureños, los supervivientes, buscan un futuro incierto. Dos terceras partes subsisten bajo el umbral de la pobreza, el 10% ha abandonado su hogar y emigrado al extranjero, y, diariamente, la violencia se cobra una media de diez vidas. El reto de todos es sobrevivir, aunque no sea en una isla rodeada de cámaras.