Edmundo González dice que estará el 10 de enero en Venezuela para «tomar posesión» de la presidencia

Ese permiso se ha concedido este viernes, según ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Exteriores del Congreso. «Venezuela nos ha manifestado por nota verbal que podemos ejercer la oportuna protección consular, como he venido solicitando repetidamente», ha detallado el ministro, que se ha reafirmado en que José María Basoa y Andrés Martínez, de 35 y 32 años, se encuentran «injustamente retenidos». Albares se ha comprometido a realizar «todas las gestiones» a su alcance «para que cuanto antes estén donde siempre han tenido que estar, en nuestro país, con sus familias». El Gobierno venezolano sostiene que los dos bilbaínos forman parte de una trama encabezada por la CIA para desestabilizar el país, promover un golpe de Estado y asesinar a figuras relevantes del régimen, mientras que sus allegados aseguran que simplemente estaban allí de vacaciones.

La comparecencia de Albares ha servido también para dar la noticia de que el opositor venezolano Edmundo González ha solicitado formalmente el asilo político en España. El ministro ha criticado «el uso partidista y politiquero que algunos hacen de la dramática situación que vive el pueblo venezolano» y ha recalcado que la decisión de González ha sido «personal y libre», más allá de «bulos, falsedades y calumnias». «La llegada de Edmundo González a España es un gesto de humanidad y de compromiso civil de la sociedad española y de su Gobierno. Y, gracias a ese gesto humanitario, Edmundo González está hoy libre en España y no detenido en Venezuela».

Horas después de que se confirmase que ha solicitado de manera formal el asilo político a España, Edmundo González se proclamó «presidente electo» de Venezuela y destacó el carácter «temporal» de su estancia en nuestro país: «Yo voy el viernes 10 (de enero) a Venezuela a tomar posesión de mi cargo», dijo en el foro de debate político La Toja, celebrado en la localidad pontevedresa de O Grove.

En su intervención, González celebró que por fin, casi tres meses después de las elecciones, «el mundo conoce y reconoce las actas originales», en referencia a la documentación presentada esta semana por el Centro Carter, en la que él aparece como ganador con el 67% de los votos. En contraste con esa «transparencia», reprochó al régimen de Nicolás Maduro que su respuesta sea «un alarmante saldo de fallecidos, perseguidos y presos políticos». También aludió a las «presiones inenarrables» que le obligaron a abandonar el país.

Mientras tanto, en Caracas, se produjo ayer una nueva manifestación de los familiares de jóvenes detenidos durante las protestas poselectorales de julio, para exigir que los liberen y que cese el maltrato al que, según sus informaciones, están siendo sometidos. Tras los comicios del 28 de julio, después de que el Consejo Nacional Electoral diese como ganador a Nicolás Maduro sin presentar las actas por mesa, se desencadenó una ola de protestas en los barrios populares de las ciudades venezolanas, que fueron duramente reprimidas en la denominada 'operación Tun Tun'. Según la ONG Foro Penal, de los 1.905 detenidos en Venezuela que se consideran 'presos políticos', 1.767 de ellos fueron apresados en aquellas jornadas posteriores a las elecciones, y entre ellos figuran 67 adolescentes de entre 14 y 17 años.

Los familiares, arropados por activistas de diversas organizaciones, aseguran que muchos de ellos ni siquiera estaban protestando, pero aun así afrontan penas que oscilan entre los 10 y los 30 años por los delitos de terrorismo e incitación al odio. Los manifestantes, que ya organizaron otra protesta similar en septiembre, corearon eslóganes como 'Ni terroristas, ni delincuentes: nuestros muchachos son inocentes' y criticaron que algunos llevan casi dos meses sin que se les permita ver a sus hijos.

En el estado de Carabobo, siete muchachos detenidos durante las protestas de julio fueron sometidos el miércoles a una audiencia preliminar y se ordenó su pase a juicio, como presuntos responsables de los delitos de terrorismo e incitación al odio. La líder opositora María Corina Machado deploró esta decisión judicial: «Lo que les han hecho, con el objetivo de aterrorizar a todos los jóvenes y a sus padres, es la mayor razón que tenemos como sociedad para arreciar nuestra lucha. Hay que denunciarlo y duro. Nadie puede pensar que Venezuela será igual después de esto», escribió.