Un tribunal peruano ordena liberar a la opositora Keiko Fujimori

La corte «dispone la inmediata libertad de los indiciados detenidos» por este caso, entre ellos la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), dijo el presidente de la sala, Octavio Sahuanay, al aceptar la apelación de cuatro detenidos, entre ellos Keiko, por el delito de lavado de activos, a raíz de la presunta financiación ilegal de la campaña. El tribunal aclaró, sin embargo, que no se pronunciaba sobre el fondo de la acusación de la fiscalía contra Keiko de usar la «estructura» de su partido para canalizar aportes ilegales de Odebrecht a su campaña en 2011.

Keiko dijo que la semana que pasó en prisión «ha sido también una oportunidad de empezar un camino para lograr nuevamente la unidad de mi familia». «Yo salgo agradecida, a pesar de la injusticia», agregó en alusión a la visita que le hizo el domingo en prisión su hermano Kenji, con quien libra desde el año pasado una guerra fratricida por el legado político de su padre.

La corte declaró que el juez de investigación que ordenó el arresto, Richard Concepción Carhuancho, había cometido dos irregularidades al ordenar la detención de Keiko: copiar y pegar los argumentos de la fiscalía en su resolución y emplear «conocimiento privado» que tenía sobre el caso. El tribunal dispuso, entonces, que el caso pase ahora a manos de otro magistrado, lo que implica un duro golpe para Concepción Carhuancho, que ha ganado fama por su mano dura contra políticos investigados por corrupción. Éste es el mismo juez que mantuvo en prisión preventiva durante nueve meses al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine, también por el caso Odetrecht.

La decisión del tribunal también implica un tropiezo para los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, encargados de la investigación de los supuestos lazos ilícitos entre políticos peruanos y la empresa Odebrecht.

Keiko estaba detenida desde el 10 de octubre en el cuartel central de la policía de Lima, una semana después de que la justicia anulara el indulto a su padre, Alberto Fujimori, mientras cumplía una condena de prisión de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción. El exmandatario, de 80 años, permanece internado en una clínica en calidad de detenido desde hace dos semanas. Aunque debe volver a prisión una vez que sea dado de alta, el exgobernante podría evitar la cárcel por un proyecto de ley hecho a su medida, aprobado la semana pasada por el Congreso peruano, dominado por Fuerza Popular (derecha populista), que lidera su hija.

Cientos de personas marcharon este miércoles en una manifestación contra la corrupción, en la que exigieron al presidente peruano Martín Vizcarra que no promulgue la ley que otorga este beneficio a Fujimori. Keiko es acusada de haber recibido de Odebrecht 1,2 millones de dólares para financiar su campaña a la presidencia para las elecciones de 2011, que ganó su rival Humala. Ella alega inocencia y dice que es víctima de una «persecución política».

Un total de 24 personas, entre ellas Keiko, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya -ambos muy cercanos a los Fujimori- están investigados por supuestamente recibir los fondos de Odebrecht para esa campaña. Según el exjefe de Odebrecht en Lima, el brasileño Jorge Barata, los dirigentes fujimoristas Yoshiyama y Bedoya fueron los intermediarios en la entrega del dinero.

Barata confesó a fiscales peruanos en Sao Paulo que Odebrecht había hecho aportes no sólo a Keiko, sino también a las campañas de 2006 y 2011 de los expresidentes Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Tanto los exmandatarios como Keiko negaron haber recibido dinero de Odebrecht.