Los sindicatos argentinos se unen contra las restricciones laborales decretadas por Milei

La pormenorizó en la noche del miércoles, cuando se dirigió al país rodeado de su gabinete. Anunció un paquete de medidas que contempla una profunda desregulación de la economía mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado en el que revoca o modifica 350 normas y deroga múltiples leyes y normativas, al tiempo que abre el camino de la privatización de empresas públicas, plantea cambios sustanciales para los médicos y farmacias, y convierte internet y la educación en servicios esenciales.

Las primeras reacciones de confrontación saltaron inmediatamente. Miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires para manifestar su protesta por las medidas. Milei comprobó de inmediato cómo uno de sus lemas preferidos durante la campaña que lo llevó a la presidencia ha sido invertido: «Para Milei, el pueblo es la casta», se podía leer en una pancarta. «Todavía nos seguimos preguntando en qué momento pasamos a ser casta y la casta real pasó a ser un mero espectador de este siniestro espectáculo», indicó en un comunicado la AB (Asociación Bancaria), el sindicato de los trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) encontró un fuerte rechazó en los principales sectores gremiales. Héctor D aer, secretario general de la CGT (Confederación General del Trabajo), la central sindical histórica de Argentina, señaló que los trabajadores no tolerarán el ataque a los derechos laborales, sociales y a la Seguridad Social. «Rechazamos el decreto del Gobierno. Subvierte el orden republicano democrático y altera la división de poderes. Su inconstitucional es manifiesta», publicó Daer en las redes sociales. También destacó que las emergencias dictadas por Javier Milei sólo son justificables «en un diagnóstico intencionalmente falaz para arrasar con los derechos sociales de todos los argentinos».

También Hugo 'Cachorro' Godoy, secretario general de la CTA Autónoma (Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina), llamó a un gran paro nacional tras calificar las medidas de ilegales y de «una bomba neutrónica sobre el pueblo argentino».

La Asociación Bancaria (AB), no se quedó atrás al rechazar el DNU que considera una norma que «avasalla y golpea a la democracia y las instituciones». Por medio de un comunicado firmado por el secretario general, Sergio Palazzo, dijo estar en estado de alerta y movilización, y mostró su oposición enérgica a que «el Banco Nación y los bancos públicos en general sean convertidos en una sociedad anónima para su posterior venta o liquidación, como si se trataran de un negocio más».

La declaración de Milei, en la que comenzó diciendo que era un día histórico para el país, coincidió con el vigesimosegundo aniversario del 'cacerolazo', que denunció una grave crisis política, económica, social e institucional, y que acabó con una violenta represión en la que 39 argentinos perdieron la vida cuando reclamaban derechos al grito de «¡que se vayan todos!». El famoso 'corralito' decretado por el Gobierno de Fernando de la Rúa acabó con su dimisión, abandonando la Casa Rosada en helicóptero.

La Asociación Bancaria encontró cinismo en la coincidencia y añadió en su comunicado que «no hay necesidad ni urgencia para esta batería de medidas, que van claramente en perjuicio y detrimento del pueblo argentino y sus trabajadores». Para este sector gremial, el decreto de Milei representa un retroceso a «décadas que creíamos olvidadas». «Se avasalla y golpea a la democracia, a las instituciones. Sólo genera dolor y sufrimiento en el pueblo e incluso en la que esperanzada votó por este espacio».

El decreto pone límites al derecho a la huelga, amplía el período de prueba a ocho meses, y propone un fuerte golpe a la caja sindical. Además la indemnización por despido queda reducida y se remplaza por fondos de cese laboral por vía de la negociación colectiva. Por lo tanto, no será incluido el sueldo anual complementario, ni conceptos de pago semestral o anual, y tampoco podrán contemplarse en la base de cálculo las sumas no remunerativas, móvil, premios o los bonos anuales.

Milei, fiel a su doctrina libertaria, sostiene que todo está encaminado a favorecer al pueblo.