La sequía obliga a disponer de receta médica para comprar agua embotellada en Uruguay

Según las previsiones meteorológicas, el histórico fenómeno de La Niña que azota al país empezará a remitir a partir de julio. En medio del cambio climático, la zona se calienta más rápido que el resto del mundo. Ante las severas condiciones, el Gobierno se ha visto obligado a aprobar una medida inédita y absolutamente extrema: la mezcla del agua del río Santa Lucía con la del Río de La Plata, que tiene influencia marina, es decir, en su cauce se combinan el agua dulce con la salada. El resultado del proceso: índices de sodio que rozan la peligrosidad. El escaso líquido que beben los habitantes en el sur de Uruguay procedente del grifo se define únicamente como «consumible» frente al tradicional «cien por cien potable» por el alto contenido de sal.

La decisión de emergencia ha permitido duplicar el tiempo en el que los uruguayos residentes en las áreas más afectadas podrán recibir agua del grifo. Aumenta de dos semanas a un mes, lo que tampoco supone un margen amplio para unas autoridades que no creen que la prolongada sequía se vaya a interrumpir en un plazo tan breve. Pero el tope salobre por litro de agua ha pasado también a ser el doble de lo autorizado en el país (200 miligramos por litro) según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque para la población en general, el agua salinizada no implica un riesgo más allá de su pésimo sabor, las autoridades sanitarias han aconsejado a las personas que sufren patologías renales crónicas, insuficiencia cardíaca, cirrosis y también las embarazadas que eviten beber del grifo, ha indicado la ministra de Sanidad Pública, Karina Rando. La situación es tan grave que incluso las consultas médicas han cambiado: ya no se prescriben únicamente medicamentos, sino agua embotellada. Antes, el líquido se compraba en los supermercados sin restricciones, pero ahora los pacientes vulnerables deben presentar una receta firmada por su médico con el fin de tener prioridad en la venta de los bidones.

La cantidad de diagnósticos por hipertensión también se ha disparado. Al menos el 70% de las personas que acudieron a los ambulatorios en mayo padecían esta enfermedad. La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular de Uruguay ha advertido que «casi el 37% de los uruguayos tienen presión arterial elevada» de los cuales un tercio «no lo sabe». Los médicos consideran que, de continuar esta situación varios meses más, el país se enfrentará a un auténtico problema sanitario nacional.

El temor al agua del grifo de los uruguayos ha motivado a que miles de ellos salgan a las calles para protestar contra el Ejecutivo. «No es sequía, es saqueo», corean los manifestantes para denunciar una situación que consideran es el resultado de «años de corrupción» en el Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Los ciudadanos, y decenas de tertulianos y expertos, afirman que la actual crisis se pudo haber previsto hace tiempo, cuando empezó a pronosticarse un largo periodo de altas temperaturas y escasas precipitaciones. «De un día para otro nos enteramos de que el agua tiene que empezar a salir salada», lamenta el exministro de Medio Ambiente Carlos Colacce.

La respuesta de Lacalle Pou ha sido subvencionar la compra de agua embotellada a la población con menos recursos económicos. Ha suspendido los impuestos a este producto y garantizado un precio fijo en dos litros por día por persona durante un mes. El Gobierno también ha prometido una planta potabilizadora, una presa y una desalinizadora importada de Estados Unidos para paliar la crisis. Pero tardará meses en funcionar.

Otra medida de urgencia ha dejado un hueco profundo en la mitad de la capital. En busca de agua subterránea, varias máquinas perforan el Parque Batlle, una zona verde de unas 60 hectáreas que guarda algunos de los monumentos más turísticos. Rodeado de grandes avenidas junto al Obelisco y al Estadio Centenario, campo de fútbol construido en 1930 para el primer Mundial de la historia, esconde bajo su tierra el agua tan anhelada para los uruguayos. Dos pozos de 90 y 42 metros de profundidad han valido para extraer el líquido, que tras un proceso de filtración ha sido considerado apto para el consumo humano.

Ya en agosto de 2022 en Uruguay se hablaba de una escasez de agua. Entonces, el secretario general de la agencia estatal de aguas, Juan Martín Jorge, explicó que había «una situación crítica, pero bajo control», gracias al uso de reservorios alternativos y camiones cisterna. Pero miles de cultivos no prosperaron y el país sufrió la pérdida de más de 1.000 millones de dólares en producción agropecuaria, lo cual fue calificado como «la mayor crisis de la economía nacional en los últimos 30 años» por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.