Se retrasa el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso «golpe de Estado I»

La Fiscalía acusa a la expresidenta por el caso «golde de Estado I» de los delitos de «terrorismo, sedición y conspiración». La abogada de 57 años será juzgada como una ciudadana de a pie y siempre ha defendido su inocencia.

La exmandataria ya cumple una condena de diez años de prisión por la Justicia del país andino por otro caso, «golpe de Estado II», sobre los mismos hechos que provocaron el fin del mandato de Evo Morales al frente de Bolivia y la ascensión de la exdirigente a la jefatura del Estado. La sentencia le atribuía los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución cuando tomó posesión de la presidencia interina, de forma controvertida.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz había fijado la primera audiencia del juicio oral a primera hora de la mañana, pero todo indicaba que la sesión se iba a suspender como ha acabado ocurriendo. Caroline Ribera, hija de Jeanine Añez, adelantó a las puertas del juzgado que los acusados no habían sido trasladados, por lo que se aplazaría el juicio.

Asomándose a la ventana de la prisión, la propia Jeanine Áñez ha confirmado a los medios de comunicación a través de señas que no va a abandonar el centro penitenciario.

El abogado de la expresidenta ve un desacato a la determinación judicial por lo que espera que la justicia tome las acciones oportunas contra Régimen Penitenciario por contravenir la orden del tribunal. La defensa de Áñez insistirá que la audiencia del proceso sea presencial.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Rodolfo Machicado, confirmó que tras recibir informes de inteligencia se tomó la decisión de suspender el traslado de los tres acusados desde las cárceles en donde se encuentran. En el caso de Áñez, el penal de Miraflores.

«Ante los anuncios de protestas en contra y en favor de los privados de libertad y ante la convocatoria del bloqueo nacional de carreteras (del ala evista) es que los directores de estos tres recintos penitenciarios, por responsabilidad han solicitado una apreciación de situación de inteligencia para verificar los posibles riesgos de traslado», informó Machicado en la televisión boliviana BTV.

El aplazamiento del juicio se ha producido en un clima enrarecido y de alta tensión política en el país andino. A la orden de detención de Morales por no presentarse a declarar como investigado en un presunto caso de abuso de menores y trata de personas, se suma la fractura del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) entre duras críticas al sistema judicial. Hace una semana que salió a la luz una confesión de Morales en la que reconocía que había planeado el juicio contra Áñez en una reunión de alto nivel, según publican medios bolivianos. Esta circunstancia ha servido para que la expresidenta interina trate de desligitimar el proceso.

Áñez ha denunciado las duras condiciones de su encarcelamiento y llegó al extremo de protagonizar un intento de suicidio en 2021. La exjefa del Estado presentaba tres cortes en la muñeca izquierda y otro en el antebrazo, heridas que fueron suturadas por un médico. Pero el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en cambio, restó hierro al incidente al señalar que apenas «tiene pequeños rasguños en uno de sus brazos, pero no hay nada de qué preocuparse». Este intento de «quitarse la vida» llevó a los abogados de la exmandataria a informar de que su defendida «sufre una tortura física y psíquica que no es legal, pero está legalizada por el aparato judicial del partido gobernante MAS», que tiene a la cabeza al exmandatario izquierdista Evo Morales.

El caso «golpe de Estado I» investiga el origen de la violencia desatada en el país tras las elecciones de noviembre de 2019, denunciadas como fraudulentas y que forzaron la dimisión y huida al exilio de Morales, el entonces gobernante, y que aspiraba a un cuarto mandato. El entonces presidente denunció ser víctima de un supuesto «golpe de Estado».

Jeanine Áñez asumió el poder en su condidión de vicepresidenta segunda del Senado cumpliendo el orden de sucesión tras la renuncia de Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados. Frente a esta versión, el oficialismo sostiene que Áñez vulneró los reglamentos parlamentarios para ponerse al frente de la jefatura del Estado de forma interina.

Tras la vuelta del MAS al poder, en 2020 se abrió el caso tras la denuncia de la exdiputada Lidia Patty contra Áñez, varios de sus ministros, exjefes militares y policiales de haber promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras catorce años en el poder. En 2021 fue detenida por sedición y terrorismo, junto a dos exministros, acusada de un golpe de Estado que forzó la dimisión del expresidente izquierdista.

Además de Áñez, en el juicio también serán procesados el gobernador opositor, Luis Fernando Camacho; el exlíder de la región andina de Potosí, Marco Pumari; y los extitulares de Interior, Arturo Murillo, y Defensa, Fernando López, del Gabinete de la presidenta interina.

Este no es el único proceso abierto contra Jeanine Áñez. En septiembre arrancó el juicio por genocidio contra la expresidenta y otros 17 implicados en las masacres de Senkata y Sacaba. Los hechos, ocurridos en noviembre de 2019 en las regiones de Cochabamba y La Paz bajo el Gobierno interino, costaron la vida a 20 personas. La Fiscalía boliviana pide la pena máxima de 30 años de prisión para ella y todos los demás acusados, entre ellos los excomandantes de las tres Fuerzas Armadas.