La represión en Nicaragua salpica a dos enfermeras españolas

«No sé si soy turista, porque si soy turista no puedo ser pensionista, no sé cuándo puedo salir, no sé si tengo que pedir visa cuando salga», se rascaba la cabeza María Jesús Ara.

El Gobierno acusa a estas dos enfermeras de Barcelona, que llevan 33 años residiendo en Nicaragua y desde su jubilación pasaban la mitad del año en España y la mitad en Nicaragua, de haber organizado un acto político en la catedral de Matagalpa, algo que ellas niegan rotundamente. Según la periodista local Argentina Olivas, «lo que les molestó es que organizáramos el carnaval contra la violencia», algo que el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, del que Ana Ara es cofundadora, lleva realizando 26 años, en concordancia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer, declarado por la ONU en 1999.

En el clima de represión que vive el país desde abril pasado, cualquier acto público es considerado insidioso. «Por mucho que les explicamos que era una cosa internacional que se celebraba en todos los países no lo entendieron», lamentó Olivas. El acto festivo no llegó a celebrarse, porque la Policía se apostó frente a la sede del colectivo y les impidió salir. Al día siguiente comenzó la caza de brujas contra las feministas, que desconoce las mínimas reglas del orden jurídico.

A Ana Quirós la deportaron a Costa Rica, pese a tener nacionalidad nicaragüense, algo que legalmente no se puede arrebatar sin un juicio público. A Ana Ara le suspendieron su proceso de nacionalidad, tras hacerle presentarse este lunes en el Ministerio de Gobernación, junto a su hermana y la ciudadana suiza Beatrice Huber, que estaba de visita en casa de las hermanas catalanas el sábado, cuando entraron cuatro hombres encabezados por el capitán Ortiz, el único que se identificó para citarlas en el tenebroso ministerio.

Mientras, los círculos sandinistas las acusan de «terroristas» urgiendo a su inminente deportación y tratan de desacreditar a estas «lesbianas disfrazadas de feministas que se han dedicado a vivir a costilla de las mujeres predicando un falso feminismo», publicó la página eltayacan.org

El ataque contra los colectivos feministas es sólo el último capítulo de una ola represiva que ya ha dejado más de 500 muertos y 50.000 refugiados, tras cebarse con médicos, jubilados, estudiantes, periodistas y cuantos sectores sociales se oponen al régimen de Ortega y Murillo, perpetuado en el poder ininterrumpidamente desde hace once años y con pausas desde hace 39.

El Gobierno de EE UU aprobó el martes dos nuevas rondas de sanciones por los «serios abusos a los derechos humanos en Nicaragua». La primera procedía directamente del Departamento del Tesoro por orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que culpa a la mujer de Ortega y a su asesor Nestor Moncada Lau de «haber desmantelado sistemáticamente las instituciones democráticas y saqueado la riqueza de Nicaragua para consolidar el poder». La segunda, apenas seis horas después, del Congreso, donde fue aprobada unánimemente la llamada Ley Magnitsky Nica que la población nicaragüense recibió como «un regalo navideño adelantado para aquellos que demandan un incremento de la presión externa», publicó El Confidencial nicaragüense.