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«Lo único que pido a la Justicia de mi país es que no me maten en la cárcel». La frase divulgada por la agencia EFE corresponde al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, momentos antes de entregarse en Estados Unidos para ser extraditado para ser ... juzgado por corrupción. Lo hizo a primera hora de la mañana de este viernes en California.
Toledo es uno de los tres exmandatarios peruanos del presente milenio que pudo cumplir todo su mandato, entre 2001 y 2006. Los otros dos fueron Alan García (2006-2011), que se disparó una bala en la sien antes de ser juzgado también por corrupción, y Ollanta Humala (2011-2016), que tiene el caso abierto por la misma causa después de haber pasado nueve meses en prisión preventiva entre 2017 y 2018. Actualmente, el último presidente elegido en unas elecciones, Pedro Castillo, cumple también una reclusión provisional.
De origen humilde, Toledo (77) años, economista, fundador del partido Perú Posible y con estudios en varias universidades estadounidenses, representó en 2001 todo un rayo de esperanza para un pueblo que había estado sometido durante un decenio a la dictadura de Alberto Fujimori. Tomó el relevo de Valentín Paniagua, que se encargó de un Gobierno de transición durante ocho meses.
Durante su mandato, Toledo fue un presidente que influyó decisivamente en el desarrollo de Perú, fomentando la inversión extranjera, firmando tratados de libre comercio con Mercosur, la Comunidad Andina y Tailandia, sellando otro acuerdo de promoción comercial con Estados Unidos e implantando proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo humano.
Todo lo que hacía Toledo era novedoso y de suma importancia para el país, que acababa de salir de un Gobierno dictatorial. Hasta que once años después de finalizar su mandato se descubrió que estaba involucrado en el 'caso Odebrecht', una empresa de construcción brasileña que ha salpicado a varios ejecutivos latinoamericanos al financiar campañas electorales a cambio de obtener ayudas en las licitaciones de obras públicas. Toledo, según la Justicia, recibió 35 millones de dólares por la construcción de la carretera interoceánica, una vía que conecta Brasil con Perú, del océano Atlántico al Pacífico. Los trabajos finalizaron en 2010 y su coste ascendió a 2.800 millones de dólares.
En febrero de 2017, la Justicia de Lima ordenó la captura de Toledo para cumplir dieciocho meses de prisión preventiva. Sin embargo, el expresidente huyó durante más de dos años hasta que fue detenido por la Policía de California. En 2020 salió en libertad bajo fianza tras alegar que podría contraer covid en la cárcel y convencer a un juez para que cumpliera arresto domiciliario. Hasta que en febrero la Corte del Distrito Norte de California dictaminó que había suficientes evidencias para que fuera extraditado.
La solicitud de deportación llevaba en espera cerca de seis años. Sin embargo, Toledo utilizó múltiples recursos y maniobras para detener el procedimiento, alegando desde la situación caótica que vive Perú hasta su estado de salud, declarandose un anciano. Pero finalmente se le acabó el tiempo.
Para la historiadora Natalia Sobrevilla, «Toledo es uno de los presidentes que más ha defraudado a los peruanos porque muchos creímos que él podría ser realmente un agente del auténtico cambio», manifestó a El Correo. «Pero más allá del latrocinio y de lo personal, la tragedia mayor es que quizás en 2001, cuando él tomó la presidencia, los peruanos creímos que teníamos una oportunidad de cambiar después de la dictadura de Fujimori. Pero lo que hizo Toledo fue mantener los sistemas de corrupción económica y profundizarlos. Es hora de que se enfrente a la Justicia. Es hora de que los peruanos recordemos que por más que tengamos unos presidentes extremadamente corruptos también tenemos un sistema de justicia, que mal que mal, nos hace rendir cuenta», añadió la catedrática en Historia Latinoamericana en la Universidad de Kent.
Toledo seguramente cumplirá condena en la cárcel de Barbadillo, donde también se encuentran Alberto Fujimori y Pedro Castillo.
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