La Policía mexicana dejó encerrados a 70 migrantes durante el incendio que mató a 38

Las autoridades mexicanas habían hecho el lunes un operativo para arrestar a los migrantes que estaban por las calles de la región norte del país en condiciones irregulares y pidiendo dinero. Alrededor de setenta personas fueron llevadas a un centro provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicado cerca de la frontera con Estados Unidos, en el puente Internacional Stanton-Lerdo que conecta al estado de Chihuahua con El Paso, en Texas. Después de que los detenidos se enteraran de que iban a ser deportados, iniciaron el incendio en señal de protesta. Según apuntó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fueron ellos mismos quienes provocaron las llamas «en la puerta del albergue, pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia», describió.

Un reciente vídeo de las cámaras de seguridad difundido por medios locales muestra cómo empieza el fuego y se propaga rápidamente por el centro. Al ver las llamas, algunos hombres intentan abrir las rejas, pero sin éxito: las puertas estaban aseguradas con candado. Al mismo tiempo, al menos tres agentes de migración se alejan del lugar sin brindar ningún tipo de ayuda a quienes permanecen encerrados. Varios se resguardaron en el baño, pero también quedaron atrapados y fallecieron. Cuando los servicios de emergencia llegaron se encontraron ya con varios cadáveres y procedieron a apilarlos en el área de estacionamiento.

Aunque un comunicado anterior llegó a contabilizar hasta 40 víctimas, la cifra se redujo a 38 después de que las autoridades hicieran un recorrido por los distintos hospitales donde fueron ingresadas. También se ha dado a conocer la nacionalidad de los afectados, que provenían de Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Colombia y Ecuador.

Durante la tarde del martes, cientos de personas llegaron al centro de migrantes para manifestarse por la muerte de los extranjeros dentro del complejo y por la noche organizaron un memorial en recuerdo de las víctimas y levantaron tiendas de campaña. Varias personas permanecían a la mañana siguiente fuera de las instalaciones para pedir información sobre sus familiares, que fueron detenidos un día antes.

Ante este escenario, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha informado de que los responsables directos de los hechos ya fueron llevados ante la Justicia, sin dar más detalles. La investigación de la Fiscalía ha confirmado que el personal de seguridad no habría actuado de manera rápida al observar el fuego. De hecho, algunas personas fallecieron debido a la inhalación de humo, ha señalado.

Tras conocerse el vídeo, la comunidad ha pedido la renuncia del canciller, del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y del titular del INM, Francisco Garduño, por calificar el hecho como un «crimen de Estado». Para la oposición, la causa de esta tragedia se encuentra en la política migratoria del Ejecutivo azteca, que se ha recrudecido con el objetivo de mejorar la seguridad nacional.

Asimismo, han arremetido contra el instituto migratorio por las condiciones del centro. Un espacio destinado para ser un albergue temporal que alojaba a las personas hacinadas y tras las rejas. Un refugio que ha sido comparado con una cárcel por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). «La sobrepoblación y las condiciones infrahumanas a las que son sometidas las personas en tránsito son causa de las numerosas detenciones que realiza el INM como resultado de políticas de contención enfocadas en la seguridad nacional, más no en la protección de los derechos humanos», ha asegurado la organización religiosa.

La Subsecretaría para América Latina y el Caribe ha convocado este miércoles a embajadores y cónsules de los países de origen de las víctimas para coordinar las gestiones internacionales para la atención de lesionados, repatriación de las víctimas y definir los pasos a seguir para esclarecer los hechos.

Frente a esta situación en la frontera, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha afirmado que la tragedia es «un recordatorio de los riesgos de la migración irregular» y de la urgencia de reparar un «sistema quebrado». Amnistía Internacional también rechazó las «restrictivas y crueles políticas» de México, pero responsabilizó asimismo al Gobierno norteamericano.

La oleada de migración que vive el país azteca ha aumentado desde que las medidas de entrada a Estados Unidos se han endurecido. El presidente norteamericano, Joe Biden, anunció en enero que deportaría a las personas procedentes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que accedieran al país por tierra y en condiciones irregulares. Por ello, varios extranjeros que ya habían emprendido el viaje hacia EE UU quedaron en la región mexicana cerca de la frontera.