Pedro Castillo lleva ya más en prisión que el tiempo que fue presidente de Perú

En los últimos cuatro años, cinco presidentes de Perú han sido sentenciados. La detención de Castillo provocó numerosas manifestaciones y marchas de protesta. El país se vio sumido en el caos, dividido, y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía causó un total de 66 muertos (48 civiles), más de 1.300 heridos (970 ciudadanos, 330 agentes y 26 militares). Las regiones más golpeadas fueron Ayacucho, Puno, Cuzco y Apurimac.

El 7 de abril Castillo cumplió cuatro meses de arresto preventivo de los 18 a los que fue condenado por su intento fallido de golpe de Estado. Pero el 10 de marzo un juez dictó otra orden de 36 meses contra él por presuntamente liderar una organización criminal que tenía como objetivo ingresar una cantidad de dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas. Sobre el papel, el expresidente, que se declara inocente de todas las acusaciones, estaría en prisión hasta diciembre de 2025.

«El único delito que he cometido es servir a mi país», expresó durante su última declaración ante un juez. «No he cometido ningún delito. El Perú sabe, el pueblo sabe que quienes han hecho la acusación también serían parte de esta presunta organización criminal porque pasaron en su mayoría por las oficinas del despacho presidencial», añadió.

La Fiscalía insiste en denegar la libertad condicional a Castillo. Alega la existencia de peligro de fuga. Su familia, esposa y dos hijos, encontró asilo en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo le abrió las puertas de su país para exiliarse, sino que también acusó a empresarios y políticos peruanos de acosar y forzar al exmandatario a tomar decisiones que luego serían utilizadas en su contra para destituirlo.

«No existe ese peligro», grita Castillo. «Me encuentro en un penal de alta seguridad». Su celda tiene seis metros cuadrados, una cama y una mesa. No tiene ventanas, hay un cuarto de baño y un pequeño patio donde cultiva patatas y maíz. Algunos medios han publicado que rechaza la comida de la cárcel por temor a ser envenenado. Lo que ingiere son productos que le lleva una hermana y cocina en un hornillo.

Mientras permanece encarcelado, la actual mandataria, Dina Boluarte, se ha distanciado de algunos países vecinos, como Colombia, Bolivia y México. Durante la última Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santo Domingo, se produjo un serio enfrentamiento verbal entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi. «Hoy debería estar aquí. Lo sacaron. Está preso», acusó él en referencia a Castillo. «Si no está aquí es porque dio un golpe de Estado. Si estuviera aquí, tendrían a un dictador», respondió ella. Petro ya ha sido declarado 'persona non grata' por el Congreso peruano.

Boluarte ha acusado a narcos, la minería ilegal y activistas políticos bolivianos de apoyar las protestas en Perú. Pero la presidenta tampoco se escapa de las investigaciones de la Fiscalía por un presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal. Un caso que también salpica a Castillo y al empresario y exasesor, Henry Shimabukaro, quien hace años fue engañado por Keiko Fujimori.

La crisis política y las protestas, no obstante, parecen bastante calmadas, quizás porque las fuertes tormentas han ocasionado muertes y han dejado a muchas familias sin hogar. Las manifestaciones en el país han desaparecido y los parlamentarios han descartado el adelanto de las elecciones pese a la elevada desaprobación del Congreso (91%) y de la propia Boluarte (85%), según la última encuesta del IEP (Instituto de Estudios Peruanos).