La paz total tarda en llegar a Colombia

Hay un nuevo motivo de esperanza. Este sábado concluyó en Caracas el primer ciclo de unas nuevas negociaciones con la disidencia de las extintas FARC, conocida como la Segunda Marquetalia y que lidera desde 2019 Iván Márquez, el único fundador de la guerrilla superviviente después de la muerte de Jesús Santrich, Henry Castellanos 'Romañá' y Hernán Darío Velázquez 'El Paisa'. Los cuatro fueron entre otros firmantes de los Acuerdos de Paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, pero inmediatamente volvieron a las armas. Ahora en Venezuela ha pactado un «alto el fuego unilateral», que asimismo prevé la liberación de cautivos.

Rodrigo Londoño, conocido por el apodo de 'Timochenko', también rubricó aquel proceso que llevó a Santos a obtener el premio Nobel de la Paz. Él no volvió a las armas. Está convencido de que es posible una Colombia digna, y hoy en día es presidente del Partido Comunes. El 26 de junio denunció el asesinato de 427 firmantes. Aseguró que los verdugos son grupos «que supuestamente quieren alcanzar un pacto con Petro». El último asesinado se llamaba Esteban Guzmán.

El viernes el exguerrillero Londoño volvió a la carga. «Soy un convencido de la paz total y de la solución negociada a las violencias persistentes en el país. Pero la improvisación, las concesiones a los verdugos y la mezquindad para implementar el acuerdo son un riesgo para la vida de los firmantes». La declaración dirigida a Gustavo Petro estaba fundamentada en el desplazamiento de la comunidad de firmantes de paz del ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) de Miravalle, en el municipio de San Vicente de Caguán (14 mujeres, 44 hombres, 7 niñas y 17 niñas) y que, según Londoño, los responsables «son los grupo disidentes a los que usted otorgó reconocimiento político y les abrió un lugar en una mesa de negociación». En efecto, el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC declaró Miravalle una «zona más del conflicto». Los desplazados llevaban cinco años viviendo en este lugar.

En Venezuela han negociado Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno de Petro; Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz; Iván Márquez, comandante del grupo armado, y el también guerrillero Walter Mendoza. Fueron garantes de estos diálogos representantes de Cuba, Noruega y Venezuela, mientras que el representante de la conferencia Episcopal, monseñor Héctor Fabio Henao y el adjunto en la misión de verificación de la ONU, Raúl Rosende, asistieron como acompañantes permanentes.

El punto clave en la negociación fue cómo resolver la situación jurídica de los integrantes de la guerrilla que firmaron los acuerdos de 2016 y volvieron a las armas, ya que no podrían acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya función principal es satisfacer los derechos de las víctimas, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación con el objetivo de construir una paz estable y duradera. Reintegrar a los reincidentes en un posible sistema de justicia de transición sólo podría llevarse a cabo con una reforma de la Constitución, porque actualmente no se puede aplicar a un miembro de grupo armado que una vez ha sido desmovilizado sigue delinquiendo.