Johana Gil
Jueves, 2 de marzo 2023, 18:24
En el afán de eliminar cualquier tipo de oposición, el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad. El presidente, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía y otras entidades estatales, han sido responsables de ejecuciones ... extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y retirada indiscriminada de la nacionalidad, según un equipo de expertos en derechos humanos designado por Naciones Unidas.
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El grupo ha revelado los resultados de una investigación de cinco años. En el informe se acusa a la cúpula de Managua de haber cometido y continuar ejecutando abusos y violaciones a los derechos de los ciudadanos. También se condena el nivel de censura que impide la participación en los asuntos públicos o expresarse, reunirse y ejercer la libertad de conciencia y religión. Ésto último, alude a la ofensiva del Ejecutivo contra la Iglesia Católica, que deja decenas de sacerdotes exiliados y encausados por «traición a la patria o propagar noticias falsas contrarias a la narrativa estatal».
La represión política por el actual mandatario ha sido objeto de investigación desde 2018 tras las protestas en su contra. Entonces manifestaciones masivas pidieron la dimisión de Ortega durante varios meses. Al menos cuatrocientas personas murieron en enfrentamientos con la Fuerza Pública o en incidentes relacionados a las marchas. Las revueltas populares contaron con el apoyo de Estados Unidos, país considerado enemigo para la dictadura del antiguo líder sandinista.
Las autoridades del país centroamericano habrían obstruido a la Justicia en favor de policías y funcionarios penitenciarios progobierno que habrían torturado física y psicológicamente, incluida la violencia sexual, durante los interrogatorios y las detenciones. Por ello, la ONU ordenó recabar pruebas de los crímenes y la persecución a los opositores.
El grupo investigador concluyó que las acciones «se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos». «Los altos mandos han logrado instrumentalizar a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales», ha advertido uno de los integrantes de la comisión, Jan Simon. La ONU estima que más de 3.100 organizaciones de la sociedad civil han cerrado desde hace cinco años. «Hoy, el Estado y la comunidad internacional cuentan con esta información para tomar acción», ha subrayado Simon.
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