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La ONU irrumpió ayer en la crisis venezolana para denunciar el «clima de miedo» instaurado por el régimen chavista. Naciones Unidas emitió una declaración ante la constatación de que se han producido detenciones «arbitrarias» de ciudadanos opositores a Nicolás Maduro y denunció la aprobación por ... parte del Parlamento de un paquete de leyes destinadas a restringir, entre otras, a las organizaciones no gubernamentales.
Según algunos expertos, se trata de un nuevo paso para «eliminar» el rechazo a su victoria electoral, considerada un fraude por miles de venezolanos y de nula validez por la mayoría de la comunidad internacional mientras Maduro no haga públicas las actas de los votos. El antichavismo ha convocado a todos los venezolanos en el extranjero a celebrar una concentración «mundial» el próximo sábado para reivindicar al candidato opositor Edmundo González como el ganador de las urnas.
Las leyes que ayer llegaron a la Asamblea Nacional consisten principalmente en una regulación de las ONG –muy parecida a la que opera en Rusia– y de las redes sociales, así como una colección de normas destinadas a castigar las actitudes «fascistas», término que el Ejecutivo viene aplicando a las movilizaciones en contra de la reelección de Maduro.
Al cierre de esta edición, el Parlamento había comenzado el debate del paquete legislativo, que saldrá aprobado sin apuros, pues el chavismo controla 256 de los 277 escaños de la Asamblea. El presidente de la institución, Jorge Rodríguez, le anunció a Maduro que el periodo de sesiones actual se centrará en aprobar leyes que «cuiden y defiendan a nuestra población del odio». Veinticuatro horas antes, el propio presidente reclamó a las instituciones del Estado que apliquen «mano de hierro».
Las ONG se han convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno venezolano, toda vez que, junto con la oposición, han sido el altavoz de las denuncias por infracciones a los derechos humanos registradas en las manifestaciones de la pasada semana. La represión de las fuerzas de seguridad ha dejado 25 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Aunquelas ONG ya habían sido sometidas a una regulación severa antes de las elecciones, el régimen busca ahora una vuelta de tuerca. Medios especializados afirman que la Asamblea pretende crear un nuevo registro de asociaciones que obligará a todas ellas a reinscribirse de nuevo, otorgando al Ejecutivo la posibilidad de veto.
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió anoche a las autoridades venezolanas que «no adopten leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país». También expresó su inquietud por el alto número de detenciones y las imputaciones que se suceden contra los manifestantes arrestados por «odio» o bajo la «legislación antiterrorista». La portavoz del mismo departamento de la ONU, Ravina Shamdasani, coincidió en que existe un «clima de miedo» en Venezuela, donde resulta «imposible aplicar los principios democráticos y proteger los derechos humanos».
A la nueva legislación sobre las ONG y las redes sociales se une también lo que la oposición y los colegios profesionales ya consideran una persecución en toda regla de los medios de comunicación. Decenas de periodistas de los Estados de Aragua, Carabobo, Guárico, Lara y Portuguesa han tenido que pasar a la clandestinidad o buscar «refugio seguro» tras ser señalados como «operadores de la derecha fascista» y «terroristas financiados». Las asociaciones han contabilizado hasta ahora una treintena de agresiones y en las redes sociales han aparecido fotografías de diferentes reporteros bajo el lema 'Se busca terrorista'.
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