Asciende a 21 la cifra de muertos en el atentado contra una escuela de Policía de Bogotá

El presunto responsable fue identificado por la fiscalía como José Aldemar Rojas Rodríguez, quien entró con una camioneta gris Nissan Patrol cargada con 80 kilos de pentolita a la Escuela de Oficiales General Francisco de Paula Santander, en el sur de la capital colombiana. Las autoridades no han confirmado su vinculación con alguno de los grupos armados que aún operan en Colombia, financiados por el narcotráfico, tras el pacto de paz con la otrora guerrilla FARC en 2016.

Este «demencial acto terrorista no quedará impune, los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado, esta no será la excepción», dijo el presidente Iván Duque en una declaración a la prensa junto al fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

El vehículo explotó en el marco de una ceremonia de ascenso de oficiales y cadetes. «Escuché como si se hubiera caído el cielo en la cabeza. Fue una explosión muy grande. Cuando salí había una humareda grande», relató Rocío Vargas, una vecina del lugar. Según versiones de policías, un perro antiexplosivos detectó la carga. Al verse descubierto, Rojas aceleró y atropelló a un policía. Tres uniformados fueron detrás del vehículo antes de que, segundos después, explotara.

Se trata del peor acto terrorista ocurrido en la capital colombiana desde febrero de 2003, cuando rebeldes del ahora partido FARC detonaron un coche bomba en el club El Nogal. Treinta y seis personas murieron y decenas más sufrieron heridas. A raíz del ataque, el presidente Duque debió retornar de urgencia a Bogotá tras cancelar un consejo de seguridad en Quibdó (noroeste).

«He dado la orden a las fuerzas militares y a la policía nacional para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia y determinen, en coordinación con la fiscalía, quiénes son los responsables de este cobarde ataque y prevengan cualquier acción criminal», sostuvo. Asimismo, advirtió: «No vamos a ceder nunca ante los actos de terror. Colombia está firme y no se amedrenta».

La víspera del ataque de este jueves, había entrado un nuevo grupo de aspirantes a oficiales a la escuela. Otros como Jonathan Oviedo había retomado sus clases. «Mi hermano Jonathan, que es cadete, alcanzó a hablar con nosotros y nos dijo que estaba herido, luego pasó al teléfono un teniente y se cortó la comunicación. En dos años que lleva en la policía, nunca había enfrentado una situación así», comentó Carol Oviedo.

Duque, quien asumió el poder en agosto de 2018, ha endurecido la política antidrogas tras heredar una cifra récord de cultivos ilegales y de producción de cocaína en 2017. Al mismo tiempo ha fijado condiciones para reactivar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida en Colombia. Ningún grupo se ha atribuido de momento este ataque, como tampoco las autoridades han deslizado hipótesis sobre los presuntos cerebros del acto.

Además del ELN -que en el pasado ha reconocido ataques con explosivos contra la policía-, operan bandas del narcotráfico de origen paramilitar y disidencias de las FARC que luchan por control territorial en medio de una espiral de violencia selectiva contra líderes sociales que deja 438 muertos desde enero de 2016. Hace un año la policía también fue blanco de un ataque con bomba dentro de una comisaría en la ciudad caribeña de Barranquilla. Seis uniformados murieron y 40 sufrieron heridas. Días después el ELN, cuya delegación de paz está en La Habana, se adjudicó la acción.

Duque pidió la colaboración de los colombianos para «desarticular a la estructura criminal» que ejecutó el ataque, aunque se cuidó de mencionar a alguna organización en específico. Desde la oficina de la ONU en Colombia hasta Estados Unidos, pasando por el gobierno de Venezuela -con el que Bogotá congeló relaciones- y las FARC, condenaron el hecho y expresaron solidaridad.

Con unos ocho millones de habitantes, Bogotá había sido sacudido por esporádicas acciones de terror en 2017. En febrero de ese año, el ELN se atribuyó un atentado contra una patrulla policial que dejó un uniformado muerto y varios heridos de gravedad en el barrio La Macarena de Bogotá. Ese mismo año, un atentado en un centro comercial dejó tres muertos y varios heridos. Las autoridades culparon del hecho al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), un grupúsculo de izquierda radical.