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Johana Gil
Lunes, 27 de febrero 2023, 19:39
México ha vivido una de las marchas más multitudinarias de la última década. Más de 100.000 personas se reunieron el domingo en la capital, Ciudad de México, contra la reciente reforma electoral que impulsa el Gobierno. La ley aprobada la semana pasada, que ya ... ha sido impugnada y está a la espera de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pretende disminuir el poder y la autonomía del organismo (el Instituto Nacional Electoral) que regula las votaciones. La medida ha sido considerada como un «atentado contra la democracia» de cara a los comicios presidenciales de 2024.
'Mi voto no se toca' ha sido el lema de la segunda jornada de protestas que se organiza en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). La primera tuvo lugar hace casi cuatro meses. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se reducirá la plantilla de este organismo y también la capacidad de sancionar a los candidatos que infrinjan la ley electoral dispuesta por dicho ente.
Las marchas convocadas en más de un centenar de ciudades, además de exigir que la ley sea declarada inconstitucional, sirvieron para demostrar el rechazo al Gobierno de López Obrador. No en vano, nunca se habían congregado tantos manifestantes en contra del presidente izquierdista desde que llegó al poder en 2018.
Pese a ello, AMLO -como se le conoce popularmente al actual presidente- ha optado por restarle hierro. «Tienen que mover más gente todavía, tienen que ir incrementando su capacidad de movilización», dijo en rueda de prensa este lunes al asegurar que en el Zócalo de Ciudad de México hubo entre 80.000 y 100.000 personas, mientras que las movilizaciones en otras urbes son «todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México», donde él estima que el bloque derechista cuenta con 25 millones de simpatizantes.
López Obrador ha basado su decisión de modificar el INE en que el sistema es «el más caro del mundo» y que la reforma permitirá ahorrar millones de dólares. La norma, conocida como 'Plan B' por ocurrir tras el fracaso de una iniciativa constitucional el año pasado, es en cualquier caso muy cuestionada por la oposición y por entes internacionales ya que denuncian que recortar el presupuesto, el personal y las atribuciones del INE pone en riesgo la autonomía de las elecciones y favorece al partido en el poder.
Desde que perdió los comicios de 2006 y de 2012, denunciando un presunto fraude, ya se esperaba que López Obrador actuaría contra el sistema de votación en México. En ese sentido, el miércoles pasado, el Senado aprobó las modificaciones impulsadas por el presidente del país azteca y respaldaron el deseo de recortar presupuesto. El Instituto Nacional Electoral despedirá así al 85% del personal de carrera que tiene la plantilla y reducirá la capacidad operativa de las sedes que se encargan de preparar, organizar y celebrar las elecciones.
Después de que la semana pasada la embajada de EE UU en México y congresistas estadounidenses expresaran su preocupación por la ley promovida por AMLO, este lunes hizo lo propio el principal encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols. «En México hoy vemos un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales. Apoyamos instituciones electorales independientes que tienen recursos para fortalecer los procesos democráticos y el estado de derecho», dijo a través de las redes sociales.
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