Milei se enfrenta a la segunda protesta callejera en Argentina

Aunque la marcha se desarrolló al principio sin incidentes, con escasos cortes al tráfico –prohibidos durante las manifestaciones por el nuevo Ministerio de Seguridad–, los disturbios se han desatado cuando los grupos se disolvían. Los policías, desplegados en gran cantidad, impidieron el paso de cientos de personas que habían participado en la jornada por una de las principales avenidas. Un agente ha resultado herido al ser atropellado por un autobús urbano y seis personas fueron detenidas, según informan medios locales.

La CGT presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las más de 300 reformas que Milei anunció para golpear a la inflación, que en noviembre superó el 160%. El sindicato ha emitido un comunicado en el que ha definido el plan de choque económico del Gobierno como un «atropello irracional» con numerosas «medidas arbitrarias, ilegales y lesivas» contra la mayoría.

El recurso fue desestimado justo cuando la concentración ya había finalizado. Sin embargo la Justicia argentina aún tiene que analizar más de una decena de amparos presentados por diversas organizaciones sociales y sindicales. La confederación ha instado al Ejecutivo a «conformar una mesa de diálogo tripartita con empresarios y sindicatos, como han tenido otros países que han atravesado un ajuste severo».

Mientras las personas protestaban en la calle, Milei enviaba al Congreso su polémico proyecto legislativo. Entre los artículos más rehusados del texto está la eliminación de las elecciones primarias, la declaración del estado de emergencia pública y económica hasta el 31 de diciembre de 2025, o la privatización de empresas públicas.

El Parlamento argentino, donde el oficialismo es la tercera minoría, puede invalidar el decreto, pero es un trámite que tomaría varios meses. En ese caso, el presidente ha anunciado que convocará a un referéndum. «Si me rechazan el plan, llamaría a un plebiscito o consulta popular», ha declarado en una entrevista con La Nación+ en la que ha pedido a los congresistas que expliquen por qué se «oponen a algo que beneficia a la gente», recoge la agencia de noticias Télam.

La confederación de trabajadores rechaza el despido de unos 7.000 funcionarios después de que el ultralibertario haya anulado la renovación de los contratos públicos firmados hace menos de un año –lo que hace parte de la anunciada batería para la reducción del gasto del Estado–. «No cuestionamos la legitimidad del presidente Milei, pero queremos que respete la división de poderes. Los trabajadores tienen la necesidad de defender sus derechos cuando hay una inconstitucionalidad», ha dicho a la prensa Gerardo Martínez, secretario general del sindicato del sector de la construcción.

El dirigente también tiene previsto crear una tasa –a pagar cada año por los ciudadanos– para saldar la deuda de Estado por el litigio de la nacionalización de la petrolera YPF, que asciende a 16.000 millones de dólares (unos 14.460 millones de euros). El impuesto recibirá el nombre de 'tasa Kicillof', en referencia al exministro de Economía y Finanzas Públicas de Argentina bajo el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), Axel Kicillof, al que Milei responsabiliza de este pago.