Maduro promete prisión y el «máximo castigo» a los 2.000 detenidos en las protestas

El mandatario, que este sábado recibió un nuevo baño de masas ante la sede presidencial del Palacio de Miraflores, se ufanó de que con él «la paz» impera en el país, «nadie podrá imponer un clima de violencia» y tampoco «nadie nos llevará a escenarios golpistas». Nada dijo, sin embargo, de las acusaciones crecientes de haber orquestado un «autogolpe» en los recientes comicios presidenciales ni de la presión de la comunidad internacional para que entregue todas las actas electorales. En su lugar, sí prometió «justicia completa» para los arrestados porque «lo que hicieron es muy grave. «Esta vez no va a haber perdón, esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón», amenazó.

Tocorón y Tocuyito, situadas en los Estados de Aragua y Carabobo respectivamente, han sido históricamente las dos prisiones de máxima seguridad de Venezuela. Sin embargo, en la primera de ellas nació paradójicamente la banda del Tren de Aragua, la mayor mafia del pais, con ramificaciones en otros territorios de Latinoamérica como Chile y Colombia. La segunda también quedó en manos de los clanes. El poder que acumularon y su capacidad para dirigir desde dentro de los muros los negocios criminales llevaron a su desalojo el año pasado.

Pese a que 11.000 policías y militares tomaron Tocorón, los líderes del grupo lograron huir. Dentro del penal habían construido un restaurante, un club nocturno, varias piscinas, un establo y hasta un zoológico. Estados Unidos y Colombia ofrecen a día de hoy una recompensa de doce millones de dólares por sus tres cabecillas: Niño Guerrero, Yohan José Romero, alias 'Johan Petrica', y Giovanny San Vicente.

La intención de Maduro consiste en rehabilitar las dos cárceles de modo inmediato. Se ha dado dos semanas para hacerlo. Son dos recintos ásperos, sin rastro de comodidades y con muros gruesos. Quiere concentrar allí a todos los detenidos en las protestas, a los que califica de «guarimberos»; es decir, manifestantes violentos. El mandatario ha anunciado que las prisiones serán transformadas en granjas, donde los arrestados deberán hacer trabajos productivos. Este plan se inspira en el programa de la dictadura militar de Marco Pérez Jiménez y su Nuevo Ideal Nacional, una época oscura y con una extendida represión que discurrió entre 1948 y 1958. El dictador terminó refugiado en España durante el régimen franquista.

El relato de Maduro aprovecha varios frentes. Toma una parte del discurso que él mismo y su gabinete han elaborado en la última semana de que las acusaciones de fraude electoral son fruto de un compló de la ultraderecha y países extranjeros. «El 80% de los delincuentes capturados fueron preparados en Texas, Colombia y Perú para que generaran el plan golpista en el país», ha dicho, pese a que las ONG tienen constancia de que la mayoría de los capturados son simplemente civiles y militantes de la oposición.

Maduro acusa además a los arrestados de participar en ataques contra sedes y bienes del Centro Nacional Electoral. Las presuntas «interferencias violentas» es uno de los argumentos que las autoridades chavistas han utilizado para justificar las irregularidades detectadas en el proceso electoral, la 'desaparición' de votos favorables al candidato opositor Edmundo González, o la propia ausencia de actas .«Todos confiesan, todos, porque ha habido un proceso estricto legal, dirigido por la Fiscalía General de la República, con plenas garantías, y todos están convictos y confesos», ha asegurado el mandatario.

La opinión fuera del círculo chavista disiente. Este mismo domingo los periódicos informan de la detención de un grupo de comerciantes por vender camisetas serigrafiadas con la imagen de una estatua de Hugo Chávez derribada a golpes de mazo. Una fiscal en Ansoategui ha sido relevada de su cargo e imputada por negarse a acusar a cuatro personas que protestaban por el pucherazo electoral.

La ONG Foro Penal ha constatado casos de detenidos que han sido presentados a «tribunales de terrorismo» y sin la posibilidad de contratar un abogado privado. La organización Civilis subraya, por su parte, que se han producido detenciones arbitrarias de manera masiva y ha denunciado el uso «amañado» de las audiencias telemáticas, constituidas por los tribunales para agilizar los juicios. «A los procesados se les prohíbe acceso a un abogado privado y a sus familiares, lo que implica que no ves el expediente, no conoces los delitos que les imputan, no sabes el estado físico y mental de las personas arrestadas. ¿Cómo puede haber un debido proceso y unas garantías judiciales bajo ese contexto?», se preguntan.

«Muchos de los detenidos son menores de 16 y 17 años. y, si son condenados a cinco, siete o diez años de cárcel, verán sus vidas arruinadas. Y lo peor es que será por nada, porque su único 'delito' era estar en la calle», explica una abogada delante de la Zona 7, un edificio de la Policía Nacional al este de Caracas que se ha convertido en el principal centro de reclusión del régimen chavista. Delante acampan desde hace días abogados, padres, madres, hermanos e hijos de los arrestados, a la espera de conocer alguna noticia. «Le he traído ropa y artículos higiénicos a mi hija, pero ni siquiera sé si le han llegado. O si le entregan la comida «, relata una mujer cuya hija fue capturada cuando caminaba hacia casa tras salir del trabajo.

En el lugar aguardan también los compañeros de un paramédico que lleva detenido desde el 29 de julio. La Policía le arrestó en Las Mercedes, un barrio feudo de la oposición, en compañía de sus dos hermanas y su madre. Todos ellos están recluidos en el recinto. «Eso es un gentío. Hay gente de 50, 60 años, encerrada», explican los amigos, que se encargan de llevar comida puntualmente. La entregan en el acceso de control y ya está. El resto se lo traga la Zona 7. «No sabemos nada de ellos,de su estado ni si se les ha hecho audiencia», lamentan.

Son las mismas palabras que pronuncia Julia. Su hija de 16 años, músico en la Sinfónica de Caracas, salió a protestar con una prima de 26 años contra el régimen al barrio de Chacaíto. «Era la primera vez que mi hija salía a marchar. Imagino que cuando llegaron allá se encontraron con la represión», cuenta Julia en un medio nacional. Diego Lara, abogado especializado en Derechos Humanos, también expone a BBC News que él representa a dos empleados de una empresa de refrescos a quienes una patrulla interceptó en una carretera en dirección al barrio de La Guaira. «Ellos no estaban protestando, aunque eso tampoco justificaría un arresto, porque la protesta es un derecho legítimo de los venezolanos. Han detenido a muchas personas inocentes, son personas que no han mostrado ninguna conducta delincuencial y mucho menos terrorista», destaca.