Lula ordena expulsar a los mineros ilegales de las zonas indígenas

Todo, en treinta días. Ha sido un esfuerzo que ni siquiera su formación, el Partido de los Trabajadores, pensaba que fuera capaz de desarrollar en tan poco tiempo. Ya ha anunciado que será su último reto en política. Luego volverá al anonimato, como hizo en su día José Mujica en Uruguay, y quiere irse sabiendo que deja atrás un país sin el hambre y las graves desigualdades generadas durante el anterior mandato de la ultraderecha.

Su último golpe sobre la mesa se ha producido justo al cumplirse este primer mes de gobernanza. El Ejecutivo ha decidido prohibir la minería ilegal que devora los territorios indígenas y ha impartido órdenes a la Policía para expulsar a los mineros y cerrar los accesos a las reservas. En esa actividad extractiva crecida al margen de todo control y plagada de infracciones contaminantes reside uno de los focos de insalubridad que afecta a los yanomami, donde se han multiplicado los casos de envenenamiento por productos químicos y mercurio. Lula ha puesto en marcha una operación para rescatar con helicópteros a la población infantil enferma y trasladar a los niños a hospitales donde puedan ser tratados.

También ha decidido entregar casi 900.000 hectáreas de terreno a los indígenas para que formen trece nuevas demarcaciones en compensación por las penurias a las que fueron sometidos durante la legislatura de Bolsonaro. El propio presidente ha acusado a su predecesor de «genocidio» por la muerte de 570 niños nativos en los últimos años. Sus planes de revertir esta situación declarando una «emergencia de Estado» le han reconectado con sus raíces indígenas y acentuado su perfil de dirigente de izquierdas.

El nuevo desafío de Lula se llama precisamente Jair Bolsonaro. El líder ultraderechista se marchó a Miami un día antes de terminar su presidencia. Su primer objetivo era, según él mismo explicó, regresar a Brasil a finales de enero. Sin embargo, ahora un grupo de abogados norteamericanos expertos en migración le tramitan la solicitud de un visado como turista.

En Brasil lo esperan casi una decena de investigaciones en su contra por distintos motivos, incluida su posible implicación en los disturbios de Brasilia. El cerco judicial podría inhabilitarlo para ejercer la función pública, socavando su intención de volver a la presidencia en 2026. Es posible que el líder ultraderechista esté tratando de ganar tiempo a la espera de ver cómo evolucionan las acusaciones.