La llegada de 9.000 migrantes más colapsa la ciudad de Tijuana

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha empezado a deportar a «los que se han portado mal, pero no es una situación fácil. Un exhorto a la autoridad federal: ¡ayúdenos!», dijo el alcalde de Tijuana. Se refería a la expulsión de 98 personas tras haber intentado pasar ilegalmente a Estados Unidos desde la ciudad mexicana.

La avalancha de migrantes tiene a las autoridades cerca del colapso y a la mayoría de los desplazados molestos porque los procesos para obtener refugio son lentos y además en algunos casos los solicitantes son tildados de delincuentes. De hecho, solo 686 centroamericanos han conseguido regularizar su situación legal tras el plan anunciado el 15 de noviembre por las autoridades mexicanas.

Las ofertas para dar ocupación a los recién llegados incluyen un abanico que va desde especialidades en técnicas industriales a prestación de servicios. El INM intentó registrar a los extranjeros que se han desplazado por México a través de los puntos informativos que se instalaron en las caravanas que salieron de Honduras el 13 de octubre.

Juan Francisco Rivas es un hondureño ofendido porque «no todos somos malos». Él se separó de la caravana por los problemas que tenía con otros centroamericanos. La decisión tiene repercusiones, porque el grueso de los inmigrantes rechaza a quienes toman su propio camino. En el caso de Rivas, chófer de autobús, en Honduras tuvo «problemas con las pandillas» que mataron al cobrador y a él lo amenazaron. «Entonces me tuve que venir para acá», pero durante la marcha se enfrentó con los guías.

«Yo pensaba que iban a salir gente tranquila, (.) pero muchas personas vienen haciendo daño y obligando a la gente», y exigiendo cosas. «Viene mucha gente diciéndole a las mujeres: 'usted tiene que hacer esto, usted tiene que decir esto'». Se queja de que obligaban a pedir que les dieran transporte, a decir que la comida era mala, incluso a tirarla. Con tanto conflicto, asegura tener «ganas de regresarme a mi país».

El caso contrario es el de Miriam Celaya, una de las migrantes que ganó notoriedad al negarse a comer frijoles y tortillas en un albergue de Tijuana y la llamó «comida para chanchos». Junto con sus dos hijas, el domingo se unió al grupo que intentó entrar en Estados Unidos. Ahora está detenida y podría ser repatriada, a no ser que pida asilo pues ha sido amenazada de muerte tanto en su país natal como en México.

Mientras tanto Luis Videgaray, ministro de Relaciones Exteriores hasta que este sábado Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia, aclaró ayer que México ha rechazado la propuesta de Donald Trump de que México sea declarado «tercer país seguro» para quienes buscan asilo en Estados Unidos. La propuesta fue realizada «hace algunos meses» y el Gobierno la rechazó «de forma explícita».

Según el ministro, lo último que quiere el Ejecutivo del saliente Enrique Peña Nieto es que su país sea nombrado «país seguro» porque significaría que «declararía a México destino final de los migrantes, e invalidaría cualquier proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, por eso lo hemos rechazado».