Lasso disuelve el Parlamento y convoca elecciones en Ecuador ante el riesgo de ser destituido

Lasso, que cumplirá dos años en el poder el próximo día 24, aplicó este miércoles una herramienta de la Constitución, el decreto 741, también llamado 'la muerte cruzada', para disolver la Asamblea Nacional, convocar elecciones generales y gobernar durante seis meses. Inmediatamente el Palacio Legislativo quedó protegido por tropas militares, que anunciaron que actuarían con firmeza ante cualquier disturbio.

El decreto en cuestión solo puede ser utilizado siempre y cuando la Asamblea Nacional se atribuya funciones que no le competen constitucionalmente, o bien si de forma reiterada e injustificada el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, y en tercer lugar como consecuencia de una grave crisis política y conmoción interna.

Solo el primer punto exige un dictamen de la Corte Constitucional. Los dos siguientes solo necesitan un decreto ejecutivo, que conlleva la disolución del Parlamento. Lasso justificó la firma de este decreto en un intento de acabar con una «confrontación irracional e inútil» con el Legislativo y ante una crisis política que tiene estancado a Ecuador.

«No es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado», manifestó Lasso en la radio nacional. En las redes sociales, el presidente se dirigió a todos sus compatriotas: «Esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta Ecuador y devolver al pueblo el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones».

El enjuiciamiento político al presidente, elegido democráticamente el 24 de mayo del 2021, fue aprobado el pasado 29 de marzo por la Corte Constitucional, lo cual provocó en el país no solo inestabilidad política, sino que también afectó a la economía, ya perjudicada desde el paro nacional que se produjo a mediados del año pasado, y aumentó las preocupaciones en la sociedad civil.

Las acusaciones de corrupción fueron presentadas por Esteban Torres, del PSC (Partido Socialista Cristiano) y por Viviana Veloz, de Unes (Unión por la esperanza), formación asociada al expresidente Rafael Correa, hoy asilado político en Bélgica. La primera jornada de debate en la Asamblea se llevó a cabo el martes. Lasso habló durante menos de una hora cuando tenía tres para defenderse. Sobre el caso Flopec, la empresa pública de transporte de crudo por vía marítima a la que supuestamente había beneficiado con un contrato público, el presidente insistió en que había sido firmado entre 2018 y 2020, antes de su mandato y que fue él mismo quien puso en manos de la Fiscalía el expediente.

Desde el comienzo de su mandato, Lasso ha tenido que afrontar varios intentos de la oposición por derrocarlo. El presidente no comprende que se hayan bloqueado iniciativas legislativas presentadas por su Ejecutivo y que, al mismo tiempo, se exija que cumpla su plan de desarrollo previsto en cuatro años en apenas la mitad del mandato. También la oposición ha activado catorce juicios políticos para, según Lasso, «generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del Gobierno».

Una vez anunciado la disolución del Parlamento, Lasso colocó una foto en las redes sociales con su vicepresidente y varios ministros ofreciendo una imagen de tranquilidad al pueblo ecuatoriano: «Estamos más unidos que nunca. El país no se detiene. Los servicios públicos atienden con normalidad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan su labor diaria para enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país».

En el debate del martes, los instigadores del juicio político apenas abordaron el tema de la corrupción. En su lugar, pusieron el foco en detallar los fallos de la gestión del Gobierno de Lasso.