El 'kirchnerismo' entabla una batalla frontal con el poder judicial en Argentina

Argentina, que vive en estos momentos una situación económica que sufre una inflación anual del 90% y hay signos de pobreza en el 30% de la población, solo parece estar unida con su selección, que este viernes logró colarse en las semifinales del Mundial de Qatar. La lucha entre un Gobierno peleado con el poder judicial pasó por unos momentos a segundo plano. Todo será más duro si la Argentina de Messi no gana el Mundial.

Auténtica personalidad en su país, Cristina Fernández de Kirchner (69 años) ha pasado por todas las fases de la política. Ha sido diputada, senadora, primera dama y presidenta del país dos veces y ahora cumple funciones de vicepresidenta en el Gobierno de Alberto Fernández. La condena, que la considera culpable de fraude y corrupción cuando fue jefa de Estado de Argentina, ha tenido un fuerte impacto en la nación, y el clima de crispación ha aumentado entre el 'kirchnerismo' y el poder judicial, que ha recibido acusaciones graves de supuesta confabulación con otros actores del sistema político, económico y hasta del mediático.

El pasado jueves la Policía Nacional acudió al Palacio de Justicia, donde se encuentran las oficinas de la Corte Suprema, que ha sido blanco de reiterados ataques del Ejecutivo, y a Comodoro Py, donde está instalada la sede de la Justicia Federal y el Tribunal Oral que condenó a Kirchner, por llamadas anónimas que amenazaban con la presencia de bombas en ambos sitios. Los agentes, sin embargo, no encontraron ningún artefacto.

Los partidarios de la vicepresidenta no tardaron mucho en comparar la situación de Cristina Fernández con la que vivió en su día Juan Domingo Perón cuando fue detenido por opositores militares. La Fiscalía había pedido una pena mayor de 12 años. Sin embargo, los tres jueces que decidieron el veredicto la condenaron a la mitad y la absolvieron por el delito de asociación ilícita, de lo que también era acusada. La histórica pena es apelable y mientras la Corte Suprema no emita su veredicto, la exmandataria izquierdista podría presentar su candidatura en las elecciones presidenciales del próximo año. Sin embargo, de momento, y después de haber sido condenada, ha dejado claro que no se presentaría: «No voy a ser candidata a nada, ni a senadora, ni a diputados ni a presidenta de la nación», ha subrayado a través de sus redes sociales.

En este sentido, el Partido Justicialista, que lidera el presidente de la nación, Alberto Fernández, expresó inmediatamente en su cuenta de Twitter su apoyo a la vicepresidenta. «El peronismo no abandona a quien se la juega por el pueblo», decía en letras mayúsculas para luego expresar su más enérgico repudio «a la persecución judicial y el intento de proscripción que viene sufriendo Cristina Fernández de Kirchner».

No es una novedad que en Argentina, desde la vuelta a la democracia en 1983, un presidente del país afronte un juicio de estas características. Antes que la viuda del también exmandatario Néstor Kirchner estuvieron en el banquillo Carlos Menem, en cinco ocasiones, y Fernando De la Rúa, que terminó absuelto. Otro vicepresidente que resultó igualmente condenado fue Amado Boudou, segundo de Cristina Fernández entre 2011 y 2015, y en 2018 le cayó una sentencia a cinco años y diez meses de prisión por la compra irregular de una imprenta de dinero en 2010 cuando era ministro de Economía.

La Fiscalía fundamentó su acusación a la vicepresidenta en la adjudicación de una manera fraudulenta de contratos de obras públicas entre 2007 y 2015 en la provincia de Santa Cruz durante los doce años en los que gobernaron los Kirchner. Cristina Fernández ha considerado el fallo casi una persecución contra ella. Lo ha negado todo, se ha declarado inocente pero sí, en cambio, ha acusado a una supuesta «mafia judicial paraestatal» de estar detrás de todo. «La idea era condenarme como finalmente hicieron» y dejó entrever que el veredicto estaba escrito de antemano. Rechazó todas las imputaciones. Señaló que no era responsable de ningún fraude a la Administración pública porque como presidenta ni administró ni ejecutó esos presupuestos. «Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial, y la confirmación de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos», aseguró la exjefa del Estado argentino.