La justicia eleva hasta 17 años de cárcel una segunda condena contra Lula

La decisión del tribunal de segunda instancia supone un nuevo golpe judicial para el antiguo líder sindical (2003-2010), aunque el expresidente podrá recurrir en libertad la nueva condena gracias a una reciente decisión del Tribunal Supremo de Brasil que le abrió la puerta de su celda el pasado 8 de noviembre.

Los tres jueces de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región decidieron por unanimidad elevar a 17 años y un mes de cárcel la pena a doce años y once meses que le había sido impuesta en primera instancia en el llamado 'caso de Atibaia'.

Los miembros de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región concluyeron que quedó comprobado que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 236.000 dólares) que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en una casa de campo situada en el municipio de Atibaia (Sao Paulo) a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.

En su alegación, que se prolongó durante más de cuatro horas, el instructor del caso, Joao Pedro Gebran Neto, manifestó que «poco importa la cuestión sobre la propiedad de casa de Atibaia», pues el «hecho es que Lula usaba el inmueble«, formalmente registrado a nombre del empresario Fernando Bittar. »Tenemos amplia documentación de pruebas, con informes periciales, documentos, bienes, referencias de testigos de que él (Lula) utilizaba el inmueble«, destacó el magistrado en su voto.

Tras el veredicto, la defensa del ex mandatario brasileño criticó la celeridad del proceso y el cariz político del mismo y volvió a denunciar lo que considera una «persecución» jurídica contra el líder del Partido de los Trabajadores, de 74 años. «Vimos argumentos políticos presentados en vez de argumentos jurídicos. La cuestión del derecho quedó despreciada», recalcó el abogado de Lula, Cristiano Zanin, en una rueda de prensa celebrada tras la conclusión del juicio.

Sobre Lula ya pesa otra condena ratificada en tercera instancia después de que la justicia diera por probado que recibió un apartamento en una playa en la localidad de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, a cambio de favores a la constructora OAS en contratos con la petrolera Petrobras.

Por ese caso, el líder del Partido de los Trabajadores llegó a pasar un año y siete meses en prisión, pero quedó en libertad hace cerca de tres semanas tras verse beneficiado por una decisión de la máxima corte del país, que revisó su propia jurisprudencia y consideró que un condenado no puede comenzar a cumplir la pena hasta que se agoten todos los recursos. En ese proceso, conocido como el «caso del triplex», Lula, quien ya ha cumplido una sexta parte de la pena, todavía tiene una alegación pendiente en el Supremo, mientras que en el «caso de Atibaia» le restan dos recursos que podrá presentar en libertad.

La decisión del Supremo que benefició a Lula y a otros 5.000 presos encendió las alarmas en Brasilia, capital del país y sede de los tres poderes, y ha abierto un incipiente debate en el Congreso brasileño para buscar fórmulas que permitan la prisión después de segunda instancia a través de la vía legislativa.