La justicia de Ecuador decide juzgar al expresidente Correa por el secuestro de un opositor

La llamada a juicio, que incluye también a dos exagentes que están detenidos y a Pablo Romero, exjefe de la secretaría (ministerio) de Inteligencia que se encuentra en España, fue anunciado por la jueza Daniella Camacho, a cargo de una sala penal de la suprema Corte, con sede en Quito.

La justicia mantiene además circular roja de Interpol con fines de extradición para Romero y Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, y considera que es víctima de una persecución política del oficialista Lenín Moreno, su sucesor y exaliado.

Debido a que Correa y Romero están prófugos, la magistrada ordenó la suspensión de la etapa de juicio para ambos hasta que sean capturados o se presenten ante la autoridad.

«Yo no espero absolutamente nada de la justicia ecuatoriana», declaró el exgobernante a la cadena Telesur minutos antes de que la jueza se pronunciara en una aplazada audiencia, que debía celebrarse originalmente el 23 de octubre. Y agregó: «Yo mismo me sorprendo de lo profundamente en paz y sereno que estoy conmigo mismo».

El exgobernante expresó que su nación «está totalmente fuera del Estado de derecho» y que su situación jurídica es para «evitar que Correa participe en política y, sobre todo, en la campaña» para la elección de autoridades provinciales y municipales de marzo próximo.

Un referéndum de febrero pasado, convocado por Moreno, eliminó la reelección indefinida promovida por el exjefe de Estado, cerrándole la puerta para intentar volver al poder a partir de 2021.

En las afueras de la Corte, que permanece resguardada por policías, varias decenas de personas se concentraron para expresar su respaldo a Correa y lanzar gritos contra Moreno, sin que las autoridades hayan reportado incidentes.

En la fase preparatoria de juicio, Correa, de 55 años, fue acusado por la Fiscalía de dar la «orden directa» para el fugaz secuestro en 2012 del político opositor Fernando Balda, quien estaba refugiado en Bogotá alegando ser un perseguido político.

Cinco personas, a las que se habría pagado con fondos reservados del Estado para no levantar sospechas, según el ente acusador, lo forzaron a subir a un automóvil, pero la policía colombiana logró interceptar el vehículo y liberarlo.

De comparecer, Correa podría recibir una condena de hasta siete años de prisión. Si quiere evitar la cárcel «tendrá que quedarse» fuera del país durante ese lapso hasta que prescriba el juicio, dijo Felipe Rodríguez, abogado de Balda.

Desde que fuera vinculado al caso, en junio, Correa también denuncia la «falta de independencia judicial» y que detrás de este «complot» está Moreno, con quien mantiene un dura pugna que llevó a una crisis al oficialismo, que controlaba el Congreso desde 2009.

El exgobernante «debería venir, y a veces desearía verdaderamente que resulte inocente de lo que se le acusa», expresó en julio Moreno, vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013. Añadió que «tampoco es agradable» haber sido vicepresidente de un mandatario en cuya gestión «se han realizado de manera clandestina, de manera subterránea, secuestros, violaciones de los derechos humanos y asesinatos».

La Fiscalía sostiene que «aprovechándose de su autoridad», Correa dispuso «ubicar y traer a toda costa» a Balda a Ecuador, a raíz de que el opositor habría divulgado en redes sociales la denuncia de un ciudadano que «aseveró ser víctima de acoso sexual» por parte del exgobernante.

Consejeros jurídicos de Correa en Bruselas presentaron antes una denuncia ante un relator especial de la ONU sobre la falta de independencia judicial y abuso de querellas contra el exgobernante para servir intereses políticos del Ejecutivo. «La lucha continuará a nivel internacional», manifestó el miércoles Correa, apuntando que en el exterior Ecuador «está quedando en ridículo» y que la Interpol «no le ha hecho el más mínimo caso a la orden de arresto». El exmandatario sostiene que enfrenta 13 procesos penales en Ecuador.