Funcionarios argentinos convocan una huelga para protestar contra Milei

Desde que Milei fue elegido como jefe de Gobierno, prometió la implementación de una política libertaria, centrándose en una profunda reducción del rol del Estado. Es por ello que en las últimas semanas las movilizaciones de trabajadores de diversos sectores públicos como la educación y la salud han proliferado.

La inflación es el principal problema que tiene Argentina, y a pesar de que el economista haya conseguido que en septiembre la tasa se sitúe en el 3,5% mensual (el mejor dato desde 2021), los salarios no crecen al mismo ritmo que la inflación. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en los primeros ocho meses del año los sueldos en el sector público han aumentado un 93,5%, por debajo del 116,1% del sector privado. Pero desde ATE aseguran que las remuneraciones del funcionariado han sufrido una pérdida de 34 puntos respecto a la inflación acumulada desde que Milei es presidente.

Actualmente, más de la mitad de los argentinos son pobres. En septiembre, el Indec indicó que el 52,9% de la población (unas 25 millones de personas) supera la línea de pobreza. Gran parte de los que se encuentran en esta situación son empleados públicos, ya que ATE señala que tres de cada cuatro no perciben ingresos suficientes.

El clima de crispación provocado por el ajuste fiscal de Milei llega a la mayoría de sectores públicos. Antes de que Milei fuera presidente, alrededor de 338.500 personas trabajaban en la administración pública. Sin embargo, el Indec mostró que la cifra de trabajadores se redujo hasta las 309.800, es decir, aproximadamente un 10%. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, manifestó que «en el Estado hay sindicalistas que militan la resignación y el miedo en los sectores de trabajo. Destruyen nuestros salarios y nos echan como perros». Además, añadió que «quieren vender todos los inmuebles del país».

Sin embargo, el Ejecutivo ya ha advertido que continuará reduciendo el personal en el sector. Hace apenas unas semanas, anunció que realizará un examen de idoneidad a 40.000 empleados públicos con contratos temporales, que solo seguirán en su puesto de trabajo si superan la prueba. Además, el Gobierno informó la semana pasada que exigirá a unos 10.000 funcionarios que inicien los trámites para la jubilación.

Cerca de 100.000 personas que trabajan en empresas públicas se verán afectadas por los planes que contempla el Ejecutivo de Milei, que se ha marcado como una de sus prioridades que las corporaciones que controla el Estado pasen a manos privadas. En total, son más de 40 las compañías que se meten en el saco. La intención del Gobierno es que el Estado sea más eficiente gracias a la reducción de su tamaño. Pretende recortar en ministerios, secretarías y organismos gubernamentales, además de vender propiedades estatales por un valor aproximado de 740 millones de euros.