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Treinta y tres años después de la masacre perpetrada por militares en San Salvador, donde murieron seis sacerdotes -cinco españoles, entre ellos el jesuita vasco Ignacio Ellacuría- y dos mujeres, la Fiscalía salvadoreña acusó el lunes al expresidente Alfredo Cristiani de haber ordenado la matanza.
Ante la investigación, el exmandatario ha asegurado que la justicia actúa de «mala fe» al vincularlo con el crimen, lo que ha catalogado como un «claro desprecio a la verdad». «Nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera permitido que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos», respondió el martes el exdirigente en un comunicado. Además, acusó al Gobierno del actual presidente Nayib Bukele de «acoso político para desacreditar y destruir la democracia y el legado de los acuerdos de paz».
Sin embargo, varios testigos ubican a Cristiani, que llegó al poder en plena guerra civil entre el ejército y la guerrilla -que duró doce años-, en la reunión en la que se planeó la ofensiva militar en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en la capital del país centroamericano.
Cuatro meses después de que Cristiani asumiera el cargo (1989-1994), el 16 de noviembre un grupo de soldados, al parecer bajo la orden del entonces presidente, ingresaron a la institución y mataron a Ellacuría, quien era el rector de la UCA, y a los otros también jesuitas españoles con nacionalidad salvadoreña, así como a un religioso nacido en El Salvador, la empleada Elba Ramos y su hija Celina, de 16 años.
Ya en 1991, la mayoría de los uniformados responsables del asesinato fueron detenidos y encausados, pero los autores intelectuales fueron encubiertos entonces, siguiendo las directrices del exdiputado Rodolfo Parker cuando éste actuó como abogado, quien ahora también ha sido acusado. En marzo de 2022, cuando se creía cerrado el caso, la Corte Suprema decidió reabrir la investigación e involucrar a Cristiani y a otros siete altos funcionarios. Sin embargo, un mes antes de emitirse la orden de captura por el delito de «comisión por omisión», el expresidente salió del país. Desde el extranjero afirmaba no tener conocimiento de los planes de la masacre de los jesuitas. Ahora los cargos son por homicidio, actos de terrorismo, conspiración para cometer actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento.
Ellacuría había sido un crítico del Gobierno salvadoreño y regresó numerosas veces a España, desde donde emitía sus denuncias sobre la situación del país en guerra. Su prestigio y actitud habían derivado en enemistades con algunos sectores financieros y militares. El jesuita recibió varias amenazas antes de su muerte.
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