Exteriores inicia la evacuación de los 360 turistas españoles atrapados en Perú

«El resto está previsto que salgan a lo largo de esta semana», precisó Albares al explicar que tanto la Embajada española como el Consulado en Lima y la unidad de emergencia consular del Ministerio han estado en contacto con todos ellos vía correo electrónico y teléfono. La mayoría de los viajeros, 279, estaban en Cuzco, donde se encuentra el célebre Machu Pichu, cuando estallaron las movilizaciones para exigir la liberación de Castillo y la convocatoria inmediata de elecciones. También había «otro grupo en Arequipa», indicó.

Albares ha instado a «aplazar los viajes a Perú salvo casos de extrema necesidad» debido a la grave inestabilidad que sufre el país andino, donde las protestas suman ya 25 fallecidos y 646 heridos, entre ellos 290 policías. Asimismo, ha pedido a los españoles que opten por quedarse, también a los más de 32.000 residentes, que «permanezcan atentos a la evolución de la situación, sigan las recomendaciones de las autoridades y limiten los desplazamientos». Y, si no lo han hecho ya, que se pongan en contacto con la unidad de emergencia del Ministerio y del Consulado.

Las declaraciones del ministro de Exteriores español han coincidido con la destitución del primer ministro, Pedro Angulo, por parte de la presidenta, Dina Boluarte, el cual apenas ha durado diez días en el cargo. Según argumentó la mandataria, el cese obedece a su intención de reestructurar el gabinete. Según la emisora RPP, la nueva jefa de Estado busca un Ejecutivo que conozca la parte técnica, pero que sea «un poco más político para poder enfrentar» los descontentos sociales «y tender los puentes de diálogo».

Boluarte ha descartado asimismo presentar su dimisión, como le exigen los manifestantes. «Si yo renuncio estaría dándoles la razón a estos violentos. Creo que las personas en democracia tenemos que saber respetar y ser respetuosos de las leyes», dijo en una entrevista al canal peruano Latina Televisión, en la que argumentó que una hipotética renuncia suya no solucionaría los «problemas» a los que se enfrenta el país, al tiempo que puso en duda que los exaltados cambiaran de parecer y apostaran por «vivir en paz».

Entretanto, la jefa de Estado se ha posicionado del lado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, que este lunes ha justificado que el uso de la fuerza para sofocar las protestas en Ayacucho (sur), y que causó nueve muertos y una decena de heridos, se produjo como consecuencia de los ataques que han estado sufriendo por parte de «malos peruanos».

«Nos hemos mantenido firmes ante esta amenaza a nuestra seguridad nacional, hemos venido recuperando paulatinamente la normalidad en nuestras carreteras, en nuestros aeropuertos, en nuestras ciudades», ha recalcado el jefe del Comando Central, el general Manuel Gómez de la Torre al explicar el operativo para evitar la toma del aeropuerto en Ayacucho. Sin embargo, las autoridades militares no han explicado por qué algunas de las personas que observaban todo aquello fuera de las instalaciones recibieron impactos de bala, según recoge el diario 'La República'.

Según las autopsias de las víctimas mortales, la mayoría falleció por impactos de arma de fuego en el tórax y el estómago pese a que el reglamento del uso de la fuerza del Ejército, autorizado a controlar la seguridad interna en el marco de un estado de emergencia decretado la semana pasada, prohíbe el uso indiscriminado de armas de fuego. Por este motivo, la UE, si bien ha expresado su apoyo a Boluarte, ha condenado el uso excesivo de la fuerza y la violencia tras la muerte de 25 ciudadanos en las protestas.

Según la Defensoría del Pueblo, veinte de las víctimas han perecido durante marchas y enfrentamientos con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en Apurímac, La Libertad, Junín, Arequipa y Ayacucho. Entre los fallecidos hay cuatro menores. En su mayoría eran jóvenes que vivían en zonas humildes de las seis regiones del sur del país en las que se ha concentrado las movilizaciones. A esa veintena de fallecidos habría que sumar otros cinco a causa de accidentes o hechos vinculados a los bloqueos.

El Parlamento, entretanto, se prepara para volver a votar este martes el proyecto para adelantar los comicios de 2026 a 2023, que la semana pasada no logró los apoyos necesarios. El conflicto se da porque un sector del Congreso, sobre todo el que apoya a Castillo, exige una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna que sustituya la de 1993, una postura que no logra consenso. Al respecto, Boluarte ha animado a la Cámara a permitir la celebración de elecciones anticipadas para atajar la crisis política, si bien defiende la necesidad de que se aprueben antes una serie de «reformas políticas».