Ecuador vota este domingo para adoptar medidas más duras contra el crimen organizado

«¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución?». Esta es una de las once preguntas de la consulta-referéndum que deberán votar los ecuatorianos con un «si» o un «no». Las primeras cinco cuestiones proponen reformar la Carta Magna del 2008 y las seis siguientes apuntan a cambios legislativos que no repercutirían en la Constitución.

El presidente Noboa es consciente que el país vive en un jaque constante. Violencia, corrupción, crisis energética y también diplomática después de la acción cometida por su Gobierno en la Embajada de México en Quito para evitar el exilio del exvicepresidente Jorge Glas. De ahí que el Ejecutivo ecuatoriano, convencido de que la crisis energética ha sido provocada también por un sabotaje de sujetos corruptos, no solo pidió la dimisión de su ministra de Energía, sino que también ha abierto una investigación en las zonas y plantas eléctricas más afectadas, al mismo tiempo que ha decretado que los ciudadanos de las regiones más perjudicadas solo paguen el 50% del recibo del mes de abril. En menos de un año, dos exministros han sido investigados por la Fiscalía por cohecho, paralización de un servicio público y traición a la patria, y un tercero mantiene un juicio político en la Asamblea.

Al mismo tiempo, Noboa ha hecho pública la lista de los 74 criminales más buscados por el departamento de seguridad, entre los que figura uno de los líderes del cartel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, por el que la justicia estadounidense ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que facilite su captura.

Bajo el título de 'Jamás seremos cómplices de la delincuencia', el comunicado denuncia con fotos a integrantes de las bandas 'Fatales', 'Águilas', 'Mafia 18', 'Tiguerones', 'Latín King', 'Lobos', 'Chone Killer' y 'Lagartos'. Todos ellos han sido clasificados en tres categorías y considerados una amenaza para la nación.

Con la consulta-referéndum, Noboa está pidiendo a su país que le otorgue más herramientas para luchar contra el crimen organizado. En enero denominó a las bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. También decretó un estado de excepción durante tres meses, que si bien ha frenado el índice de asesinatos no ha podido terminar con la inseguridad que vive la ciudadanía, constatada con el asesinato el pasado viernes del alcalde de Portovelo, y el de Camilo Ponce tres días antes. Son zonas en las que hay sospechas de minería ilegal.

En la consulta, Noboa pide que los militares controlen los accesos a las prisiones, con lo que intentaría evitar que los malhechores se rearmen. También solicita la aprobación del incremento de las penas por los delitos de terrorismo, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro, tráfico de armas, lavado de fondos y actividad ilícita de recursos mineros.

En otra de las preguntas solicita que el Estado se convierta en el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.