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Los ecuatorianos no pueden probar ni gota de alcohol hasta el mediodía del próximo lunes, ni siquiera está permitida su venta hasta entonces, y quien lo haga deberá pagar unos 225 dólares (casi 207 euros al cambio, la mitad del salario mínimo del país andino) ... de multa. La imposición de la ley seca es sólo una de las medidas extraordinarias que las autoridades de Ecuador han tomado para intentar envolver las elecciones de este domingo en cierta calma. Un auténtico desafío después de que la recta final de la campaña haya estado bañada en sangre por los asesinatos de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial del movimiento Construye, y de Pedro Briones, dirigente de las filas correístas. Como reconoció la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, el objetivo en esta cita con las urnas es «salvaguardar, sobre todo, la vida».
El despliegue de seguridad para estos comicios no tiene precedentes en un país que, en apenas un lustro, ha pasado de ser uno de los Estados latinoamericanos con uno de los niveles de criminalidad más bajos a un nido de bandas que siembran el terror a base de amenazas, asesinatos, secuestros y extorsiones con el negocio de la droga como fondo. La tasa de homicidios era de 5,8 por cada 100.000 habitantes en 2018. El pasado año se situó en 25,62, cinco veces más. En este escenario, y con el foco internacional puesto en las elecciones de mañana, el Gobierno ecuatoriano ha reforzado cualquier operativo anterior para una cita de este tipo con la movilización de más de 100.000 efectivos, la mitad de ellos agentes de la Policía Nacional.
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María Rego | Dagoberto Escorcia
13,4 millones
de ecuatorianos están llamados mañana a una cita con las urnas que vigilarán más de 100.000 policías y militares.
El plan de seguridad para los comicios en los que se decidirá el nuevo binomio presidencial (presidente y vicepresidente) y la conformación de la Asamblea, con 137 escaños, se puso ya en marcha en la noche del pasado miércoles, casi cuatro días antes de la fecha, con el envío de las Fuerzas Armadas a los recintos de votación para su vigilancia. También se encargarán de custodiar el traslado del material electoral, como los 70 millones de papeletas que se han imprimido para una cita que contemplará, además, dos consultas populares sobre asuntos medioambientales. El ejército aporta en total a 39.892 militares al despliegue especial para proteger las elecciones que suma también a 53.707 policías -con cerca de 5.000 vehículos, otras tantas motos y varios blindados- y alrededor de 10.000 efectivos del servicio integrado de emergencias conocido como ECU-911. En las calles, el tráfico estará controlado por casi un millar de agentes. «Nosotros queremos decirle a la ciudadanía que acudamos este domingo a votar. Considero que el votar es la expresión más alta de la democracia», defendió Juan Zapata, ministro del Interior, como argumento para tal operativo en un país donde, además, pasar por las urnas es obligatorio para los mayores de edad.
Algo más de 13,4 millones de ecuatorianos (en torno al 70% del censo nacional) están llamados mañana a elegir entre los ocho candidatos a asumir el poder. Todos cuentan con protección desde el asesinato de Villavicencio y más de cuarenta aspirantes a asambleístas -la mayoría procedentes de zonas con elevada delincuencia- han solicitado asimismo acompañamiento policial. Los chalecos antibalas, la vigilancia por parte de francotiradores y los cascos de guerra protagonizaron el cierre de campaña, que se vio sobresaltado por el tiroteo a la caravana de Daniel Noboa, otro de los presidenciables. «La mejor forma de combatir a la violencia, a la criminalidad, a la pobreza, a la mala calidad de educación, a la falta de salud, es eligiendo a los mejores gobernantes», defendió la presidenta del CNE, que ha dispuesto 4.390 recintos electorales en todo el país. Hasta 161 se encuentran en puntos considerados críticos como Esmeraldas, Guayas, Los Ríos o Manabí, donde 'gobierna' el narcotráfico y habrá un extra de seguridad.
Pero las autoridades quieren que los votantes pongan también de su parte para que los comicios se desarrollen con la misma tranquilidad que los municipales del pasado febrero, con apenas una treintena de incidentes en toda la nación. Con esa intención, la Policía ecuatoriana ha pedido a los electores que acudan sólo con su documento de identidad, que no lleven mochilas ni paquetes -habrá registros exhaustivos a la entrada de los recintos de votación- y que permanezcan lo mínimo posible en el interior para evitar aglomeraciones. Fuera, la evolución en las urnas será monitoreada minuto a minuto y 300 observadores internacionales se encargarán de vigilar una jornada amenazada por la ola de violencia que en lo que va de año se ha cobrado la vida de más de 3.000 personas en las calles y en las cárceles.
El teléfono de Fernando Sánchez, dueño de una empresa de vehículos blindados en Quito, se colapsó el pasado 10 de agosto. El asesinato un día antes del candidato Fernando Villavicencio en la capital ecuatoriana disparó el interés por adquirir un automóvil a prueba de balazos. El negocio, admite el empresario a la agencia AFP, ya se había «duplicado o triplicado» en lo que iba de año antes del magnicidio. Las fábricas del país donde transforman camionetas en auténticos acorazados con los cristales tintados tampoco dan abasto.
Pero pasar de un utilitario a un blindado no sale nada barato: unos 20.000 dólares o, lo que es lo mismo, 44 veces el salario mínimo de Ecuador. La compra de un chaleco antibalas es una alternativa más económica -rondan los 300 dólares- cuya demanda también se ha multiplicado a raíz de la ola de violencia que ha ensombrecido la cita electoral de este domingo. Son «un producto que se ha masificado», asegura Christopher Eggeling, que los vende a diario junto a cascos como el que ha llevado Christian Zurita, el sucesor de Villavicencio, en los actos de campaña.
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