Cristina Fernández se sienta ante el juez días antes de jurar como vicepresidenta argentina

«Esta causa no tiene sustento«, aseveró la imputada ante los magistrados del Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires, en una exposición que duró más de tres horas y que contó entre el público con simpatizantes como algunas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

En el juicio, que comenzó el 21 de mayo pasado -apenas tres días después de que Cristina anunciara su candidatura electoral- y en el que la exmandataria no había sido citada a declarar hasta hoy, Fernández hizo una férrea defensa de su gestión y la de su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). Ambos están acusados, junto a otros imputados, de encabezar una asociación ilícita y de fraude en la concesión de obras, por supuestamente direccionar contratos a un amigo de Kirchner, el constructor Lázaro Báez, ya detenido desde 2016, para «apoderarse ilegítimamente» de millonarios fondos mediante licitaciones irregulares.

«Un mes antes del cierre de listas me sentaron en el juicio oral por corrupción por la obra pública, 'lawfare' (judicialización de la política) puro», expresó en su disertación, en la que insistió que es víctima de un «plan sistemático» de persecución judicial y mediática. La vicepresidenta electa refutó las acusaciones y reiteró que en múltiples audiencias y escritos ha pedido que se audite toda la obra publica del país, algo que se le denegó «sistemáticamente».

La causa que la sentóen el banquillo tiene como origen una denuncia en 2008 de la entonces diputada opositora y aliada de Macri Elisa Carrió, aunque tomó impulso definitivo con una denuncia en 2016 del exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel. La investigación apunta a que se pergeñó un plan en la provincia de Santa Cruz -de la que Kirchner fue gobernador de 1991 a 2003- para el manejo «fraudulento» de fondos en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos nacionales kirchneristas.

El expediente se relaciona con otros dos en los que se investiga si se usaron dos sociedades inmobiliarias de los Kirchner para recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de empresarios como Báez, que a su vez habrían recibido adjudicaciones con sobreprecios.

Como ya realizó por escrito cada vez que fue convocada a declarar como imputada en la instrucción de los casos, la expresidenta apuntó contra Macri, su principal rival y sucesor en la Jefatura de Estado. Para Fernández, el «gobierno que se va» tenía una «mesa judicial» donde decidían «quién iba preso, quién no iba preso, a qué empresario había que apretar para sacarle empresas».

«Primero fueron por uno, luego fueron por otro, y cuando fueron por mí ya era demasiado tarde«, aseveró la vicepresidenta electa, que habría sido detenida si no contase con los fueros que tiene desde que fue elegida senadora, a finales de 2017. La expresidenta criticó que cuando se dictó el primer arresto ya era legisladora, tras haber estado dos años, desde que dejó la Presidencia, sin fueros »por decisión propia«. »¿Qué buscaba el Gobierno? (decir) 'no puede ir presa porque tiene fueros, se ampara en los fueros'(...) Todos sabemos que el Gobierno debe haber decidido, por alguna razón, que no les convenía (la detención)«, continuó.

La acusada reprochó las medidas judiciales en su contra, como la intervención de sus empresas, los registros en sus casas, embargos de sus cuentas y la intervención de la herencia de su fallecido esposo. «Ni qué hablar de la persecución a mis hijos, a Máximo y a Florencia, que cometieron un delito terrible; ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner», enfatizó.