El comunismo regresa a la Constitución cubana

En la futura Carta Magna se ratifica que Cuba no volverá jamás al capitalismo, «como régimen sustentado en la explotación del hombre por el hombre», y que «en ningún caso los medios fundamentales de comunicación serán objeto de la propiedad privada». Se define a la isla como un «Estado socialista de Derecho y de justicia social» y en su artículo 5 reitera que «el Partido Comunista -único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo- es la fuerza política (de nueva incorporación) dirigente superior de la sociedad y del Estado».

Se incluye asimismo un nuevo capítulo donde se reconoce la protección «a las familias, cualquiera sea su forma de organización». Igualmente, se reafirma que el principal actor de la economía es la empresa estatal socialista, aunque admite que se deben abandonar los prejuicios hacia las formas no estatales y el papel del inversión extranjera.

«Lo que define la Constitución sobre todos los actores económicos es preciso aceptarlo sin prejuicios. Nuestro modelo no se parece al de nadie, es autóctono, es el modelo socialista que hemos decidido construir», indicó Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, que fue el encargado de presentar las modificaciones y propuestas que los diputados plantearon hasta el último momento.

Según Acosta, todas las intervenciones de la población se reunieron en 9.595 «propuestas tipo». De ellas, la Comisión Constitucional, presidida por Raúl Castro e integrada por expertos de diversas áreas, aceptó el 50,1% (4.809), mientras que el 49,9% se consideró improcedente. Sobre ellas trabajó -incorporando o excluyendo según el caso- la comisión de expertos que redactó el primer borrador.

La nueva Constitución cubana reconoce la propiedad privada y expresamente la de las instituciones religiosas, fraternales y otras asociaciones. Respecto a la concentración de riqueza agrega que el Estado es el garante de «una más justa redistribución».

Las peticiones de que el trabajo sea una obligación fueron rechazadas porque, según Acosta, «hay que lograr que exista un incentivo económico para que las personas se incorporen a trabajar, pero el trabajo debe limitarse a un deber social».