Un Chile dividido sobre si entierra o no su pasado

Dentro de una semana unos 15 millones de chilenos están nuevamente citados a las urnas. No se trata de una elección presidencial. No. Eso ya lo hicieron en diciembre de 2021 y entonces decidieron ser gobernados por un hombre de izquierdas, Gabriel Boric. El domingo próximo tienen que «aprobar» el borrador de la nueva Constitución o «rechazarla» para quedarse, por el momento, con la impuesta por la dictadura del general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

Los chilenos han pasado en pocos meses de la felicidad exhibida, cuando hace dos años un 78% de la población eligió en un plebiscito redactar una nueva Carta Magna, a dudar de los beneficios del cambio, en el que aparecen artículos que nunca encontraron en la redactada por el dictador y en la que posteriores gobiernos conservadores llegaron a efectuar algunas tibias reformas. En la nueva destacan entre otros nuevos derechos la igualdad de género, el reconocimiento del aborto, la lucha contra el cambio climático, los pueblos originarios, la plurinacionalidad y la memoria histórica. Pero el optimismo de ayer, hoy se ha transformado en incertidumbre. El pueblo chileno, según los distintos sondeos efectuados, parece estar más por aquello de 'virgencita, virgencita que me quede como estoy' antes de dar su voto al «apruebo». Parte de culpa de ese miedo es atribuible a una campaña de la derecha, que perdió las elecciones el pasado diciembre, fundamentada en 'fake-news', y algunas torpezas cometidas por la convención que ha redactado el borrador de la nueva Constitución, a la que algunos críticos tildan de «muy radical».

Para Cris Bellolio, polítologo que trabaja para la Escuela de Gobierno UAI, «el momento político que se vive en Chile en este momento es de tensión, los ánimos están bastante crispados. No sé si hablar de polarización porque otra vez estamos ante solo dos opciones –'aprobar' o 'rechazar'– y la discusión resulta bastante maniquea. En el mundo del apruebo se considera casi inmoral votar rechazo, y en el del rechazo votar apruebo se considera una estupidez. El diálogo no está siendo muy civil», declaró a este diario.

Chile fue el primero en incendiar un poco el continente sudamericano en el otoño de 2019. Hasta entonces parecía un oasis, como la llamó el anterior presidente, Sebastián Piñera, y era considerada la pequeña Europa de América Latina, pero hubo un estallido nacional que acabó con multitudinarias marchas y protestas en las principales ciudades del país. La revuelta consiguió que el gobierno de Piñera convocara un plebiscito para redactar una nueva Carta Magna. El 78% votó 'sí' y se sintió orgulloso de todo. De que la redacción fuera escrita por un grupo de ciudadanos elegidos por el pueblo, la mayoría de izquierda, independientes, con grupos excluidos tradicionalmente como los pueblos originarios, feministas, y de la comunidad LGTBI. Consiguió también que la Convención Constituyente estuviera integrada por el mismo número de hombres y mujeres, algo único, novedoso. Era el primer organismo paritario en el mundo. Eligió a los 154 miembros (77 hombres y 77 mujeres), y también nombró de presidente de la misma a Elisa Lancón, una mujer mapuche, académica y activista de las lenguas originarias, a la que la revista Time incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo. En la Convención no se aceptó la participación de autoridades del Estado y se rechazó también la presencia de cualquier persona perteneciente al Gobierno, incluido el presidente. Chile estaba dando un ejemplo al mundo. La derecha había quedado reducida, debilitada.

La también politóloga Javiera Arce, que junto a la doctora en política Julieta Suárez Cao idearon la fórmula electoral para efectuar el plebiscito y que la convención estuviera integrada por el mismo número de hombres que de mujeres, señala en conversación telefónica con este diario: «Conseguimos una innovación. Rompimos la historia de la ciencia política. Toda una consagración constitucional de la democracia paritaria, que va más allá del reparto de actores e introduce la perspectiva de género dentro de las instituciones políticas del país. Deberían crearse oficinas diversas de manera que se pueda establecer una transversalidad de género en la propia gestión de este nuevo Estado para que no continúe siendo patriarcal, opresor y que sea distinto y más diverso».

Pero no todo iba a ser tan bonito en la Convención Constituyente. Tardó casi cuatro meses en elaborar un reglamento y un año en redactar el texto. En su desarrollo hubo de todo. «El diseño de las comisiones no estaba bien hecho. El sistema político quedó en una parte, el judicial por otro lado. En este escenario, con personas que ponían todo lo político bajo sospecha se generó un ambiente de mucho malestar, especialmente en la derecha que no tenía muchas opciones de influir», añade Arce. El tiempo apremiaba porque había que sacar el borrador cuanto antes.

Pero también apareció el disparate. Un legislador que finge tener un cáncer tratando de cambiar el sistema de salud. Otros presentándose disfrazados de Pikachu, algunas mujeres desnudas durante una reunión sobre el medio ambiente. «Con todo eso el diálogo político se convirtió en una porquería, el ánimo se fue deteriorando y la Convención se fue desprestigiando, se produjo un debilitamiento de la estructura política. Los sectores más lúcidos trataron de avanzar y avanzaron», comenta Javiera Arce.

Entonces comenzaron a publicarse 'fake-news' y comentarios de políticos conservadores que empañaron el proceso. Había empezado la campaña anti nueva Constitución. Según esta se expropiaría el fondo de pensiones y las propiedades privadas, en un país en el que existe un déficit de 600.000 viviendas. Ya nadie iba a tener casa propia. Apareció el racismo, y las preguntas de por qué les iban a devolver los territorios a los pueblos originarios. Las mujeres podrían abortar hasta el noveno mes, en un país en el que está prohibido y solo se acepta en tres casos: inviabilidad del feto, por un caso de violación y porque exista peligro de la vida. No hay más exenciones. La nueva Constitución en su artículo 61 asegura a todas las mujeres una interrupción voluntaria del embarazo, y el Estado también asegurará un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Esto significa que las mujeres ya no podrán ser perseguidas por abortar. Pero todas estas mentiras fueron minando el convencimiento primario que tenían los chilenos de la necesidad de crear una nueva Carta Magna que enterrara definitivamente el apellido paterno de la todavía vigente.

«El contexto es monstruoso, pero el texto no es malo, es bueno. Presenta una transformación del Estado que puede que en España parezca atrasadísimo, pero es lo que hay», sostiene Arce. «El gobierno de Gabriel Boric se juega mucho, la generación, la nueva izquierda, ellos han sido los principales impulsores. Y seguramente a mucha gente fuera de Chile debe llamarle la atención que algo que se veía tan evidente, porque el plebiscito de entrada se aprobó casi con el 80%, ahora pueda ganar el rechazo», explica Cris Bellolio.

Bellolio entiende que la Convención ha cometido errores al crear un texto con una propuesta más a la izquierda y más radical que lo que el votante medio podía suscribir. Incluye en este paquete el bajo respaldo del gobierno de Boric, que también ha influido y ha contaminado el proceso, y una serie de derechos para los pueblos originarios que no figuraban en el debate público antes del proceso constituyente y que también han generado una reacción conservadora. «Por todas esas razones algo que se consideraba un penalti sin arquero hoy en día se ha complicado. Todavía puede ganar, no lo descarto, sobre todo si votan los jóvenes. Si gana el 'apruebo' sería la verdadera sorpresa, y mucha gente también quiere que se acabe esto porque ha sido bastante agotador», añade Bellolio.

La gente en Chile vive con muy poco dinero. La clase media está muy empobrecida, y lo que consta en el borrador de esta nueva Constitución básicamente es una política retributiva de recursos, de generar ciertos niveles de bienestar para que la gente se sienta mejor. Que no tener dinero no implique que un ciudadano no pueda someterse a un tratamiento por el cáncer o no se pueda arreglar la dentadura, entre otras cosas básicas. Con el miedo en el cuerpo, por la inseguridad que también existe en todo el país, por la xenofobia que crece, un Chile dividido acude el próximo domingo a las urnas. La pregunta es sí quiere enterrar el pasado o no.

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