Los 8.000 inocentes que Bukele metió en prisión

Pero este martes, durante una visita a una prisión en Costa Rica, el presidente ha admitido que ha liberado a 8.000 inocentes que fueron detenidos de forma arbitraria. Se ha defendido alegando que «obviamente, las operaciones no son perfectas y, sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos son capturados, de la misma manera que lo son en Francia, Alemania y Japón y en todos los países del mundo». Además, ha prometido que liberará «al 100% de los inocentes».

Y es que la extremista medida del presidente ha sido foco de críticas y denuncias por la posible vulneración de derechos humanos fundamentales. Según las Oenegés Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y MOVIR (Movimiento de Víctimas de Régimen en El Salvador), son aproximadamente 30.000 las personas que no deberían haber sido detenidas. Por su parte, Bukele ha acusado a estas organizaciones de querer desestibilizar su Gobierno y de estar integradas por miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), exguerrilla de izquierda. Sin embargo, tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han admitido en numerosas ocasiones que Bukele ha vulnerado los derechos humanos.

A día de hoy, más de dos años y medio después, El Salvador sigue bajo el régimen de excepción que implantó el Gobierno en marzo de 2022. Fue impuesto como un mecanismo para llevar a cabo las detenciones contra los pandilleros. Ya hay más de 81.000 arrestados. La gran mayoría de ellos fueron encarcelados sin ninguna sentencia en su contra, pero Bukele justificó esta guerra sin cuartel afirmando que la violencia ha disminuido hasta mínimos históricos. Como consecuencia, el mandatario ha obtenido un grado de popularidad muy elevado entre la ciudadanía, pero la otra cara de la moneda se encuentra en los familiares de cientos de detenidos, que protestan desde hace mucho tiempo contra el régimen para defender la inocencia de sus seres queridos.

A finales de enero del año pasado, el Gobierno inauguró el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), una cárcel de máxima seguridad expresamente construida para recluir a los miembros de las bandas, que son dos principalmente, la 'Mara Salvatrucha' y el 'Barrio 18'. El secretismo que rodea a la megaprisión no ha impedido que las organizaciones cuestionen su funcionamiento y la hayan denunciado en más de una ocasión. Human Rights Watch publicó en julio un informe en el que documenta casos de niños y adolescentes detenidos arbitrariamente, y las torturas, vejaciones o torturas sexuales a las que han sido sometidos. Además, afirma que están detenidos «en condiciones deplorables, hacinados y con falta de atención médica».