2.000 pandilleros esperan ser llevados a su celda tras ser trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador REUTERS

Bukele continúa su ofensiva contra las maras y traslada a otros 2.000 pandilleros a la megacárcel de El Salvador

El Parlamento salvadoreño aprobó el mismo día la decimosegunda prórroga del estado de excepción que comenzó hace casi un año y preocupa a Naciones Unidas

Johana Gil

Jueves, 16 de marzo 2023, 19:11

Dos semanas después del mediático traslado de 2.000 pandilleros presos a la nueva megacárcel de El Salvador, un segundo grupo de igual número ingresó en el inmenso centro de reclusión. Otra vez, los miembros de las maras salían de madrugada de su antigua prisión ... esposados con los torsos desnudos y vestidos sólo con pantalones cortos blancos para subirse en los autobuses en dirección a la cárcel «más grande de América». La gigantesca instalación, ubicada a 74 kilómetros de la capital, San Salvador, tiene capacidad para 40.000 presos.

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La operación tuvo lugar a una semana de que el estado de excepción decretado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cumpla un año. Bajo su duro régimen se ha arrestado a más de 64.000 personas y se han contabilizado 320 días sin asesinatos.

El reciente traslado coincidió con la decimosegunda prórroga del estado de excepción aprobada el miércoles por el Parlamento salvadoreño. Con 67 votos a favor, siete abstenciones y siete votos en contra, la Asamblea Legislativa extendió la declaración durante treinta días más.

Suspensión de derechos

Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar el despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurren homicidios. En concreto, esta medida permite en todo el país la supresión del derecho de reunión, el aumento del tiempo máximo de detención de 72 horas a 15 días y la eliminación de los derechos de defensa y de no ser intervenidas las telecomunicaciones.

Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por las «evidencias graves» de abusos a los derechos humanos en este país desde que se adoptó el estado de excepción el 27 de marzo de 2022.

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