Bolsonaro gastó cinco millones de euros en pan, hamburguesas y comida gourmet a cargo del Estado

Un vistazo a la lista de gastos revela lo estrafalario de algunos de ellos. Por ejemplo, la compra más elevada en comida (19.500 euros) se realizó en un restaurante en el estado amazónico de Roraima, que vende almuerzos a precios populares. Bolsonaro, que siempre hizo bandera de la lucha contra la corrupción, compró, con la tarjeta presidencial, el equivalente a 659 fiambreras de comida y unos 3.000 'snacks'. Otro gasto extravagante: el exmandatario dejó diez facturas de 1.600 euros cada una durante diez días seguidos en el mismo local de comida rápida.

Sin embargo, el mayor desembolso fue en hoteles. Casi el 50% de lo gastado. En este apartado destaca una factura de casi 260.000 euros en un balneario de Guarujá a donde Bolsonaro solía escaparse para descansar durante el carnaval. La lista también incluye 105.443 euros en panaderías, 1.560 en heladerías, 74.046 en pescaderías, 3.938 en decoración para fiestas, 11.000 en una pastelería al día siguiente de la boda de su hijo y 123.047 en un «mercado gourmet» de Brasilia.

No obstante, la jugada no parece haberle salido a Lula todo lo bien que le gustaría. La divulgación de los datos había sido bloqueada por el Gobierno bolsonarista, que clasificó los datos como confidenciales durante un periodo de cien años. Ahora, esa condición ha sido revisada y las cifras salieron este jueves a la luz. Pero no solo las del Ejecutivo ultraderechista, sino el de todos los gobiernos desde 2003; es decir, cuando el líder del Partido de los Trabajadores asumió las riendas de su primer gabinete.

En sus dos mandatos (2003-2011), Lula gastó casi veinte millones de euros con su tarjeta corporativa, con cifras actualizadas de acuerdo a la inflación. Su sucesora, Dilma Rousseff (2011-2016), alrededor de siete millones y medio; y Michel Temer (2016-2018), algo menos de dos. Las facturas de Lula y de Rousseff se concentraron principalmente en alojamientos durante sus viajes internacionales.

El propio Bolsonaro ha distribuido en su canal de Telegram una gráfica que recoge los desembolsos. En su mensaje, el exmandatario afirma que, «además de tener menos gastos» que en los Gobierno de Lula y de Rousseff, «la tarjeta corporativa costeó parte del rescate de los brasileños en Wuhan» al inicio de la pandemia.

En cualquier caso, los desembolsos del expresidente han generado todo un terremoto en Brasil por lo extravagante de los mismos. «En un país en el que la mitad de la población vive en inseguridad alimentaria, Bolsonaro se sentía a sus anchas para gastar millones con la tarjeta corporativa en hoteles de lujo y dulces en la panadería», ha criticado el diputado André Janones. De «despilfarradoras y extrañas» ha tachado las facturas conocidas este jueves la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann. «Bolsonaro gastó fortunas en un único hotel. Con el valor que gastó en ese hotel podía haber pagado su alojamiento por ocho años seguidos», ha afirmado, por su parte, Guilherme Boulos. «Bolsonaro, que se decía un hombre simple, resultó ser el mayor vagabundo y despilfarrador del país», ha criticado.

Más allá del seísmo que ha provocado la publicación de los extractos de las tarjetas presidenciales, el nuevo Gobierno de Lula continúa con su lucha por llevar ante la Justicia a los responsables del asalto a las instituciones democráticas del 8 de enero. Hasta ahora, la Abogacía General de la Unión ha identificado a 52 personas y siete empresas con sede en Brasil que están bajo sospecha de haber financiado la movilización.

El propio presidente aseguró, en un desayuno con periodistas, que los «golpistas» contaron con complicidad entre las fuerzas de seguridad y anunció «dureza» contra el bolsonarismo radical. «Estoy convencido de que las puertas del Palacio de Planalto (sede del Ejecutivo) fueron abiertas para que las personas entraran, porque no hay puertas rotas», afirmó el mandatario. «Alguien les facilitó la entrada», aseguró.

Uno de los políticos en el punto de mira es el exministro de Justicia Anderson Torres. Tras la toma de poder del nuevo Gabinete, fue nombrado secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal Pública de Brasilia. Es decir, era el responsable de evitar cualquier tipo de altercado en la Explanada de los Tres Poderes. Sin embargo, poco antes del asalto, despidió a los responsables del área pertinente y se marchó de vacaciones a Florida. Esta semana, un juez del Tribunal Supremo ordenó su arresto y el registro de sus propiedades.

Durante el allanamiento de su casa, la Policía federal encontró el borrador de un decreto -redactado después de las elecciones- para revertir el resultado de los comicios, decretar un estado de excepción y perpetuar a Bolsonaro en el poder. «Se decreta (...) el Estado de Defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral, en Brasilia, con el objetivo de garantizar la preservación o el pronto restablecimiento de la equidad y corrección del proceso electoral del año 2022, en cuanto a su conformidad y legalidad, los cuales, de no ser cumplidos o no observados, representan una grave amenaza al orden público y la paz social», reza el texto.

Desde su estancia en Estados Unidos, Torres ha denunciado que el documento ha sido «filtrado fuera de contexto», lo que ayudó a «alimentar narrativas falaces en mi contra». «Fuimos el primer ministerio en entregar informes de gestión para la transición. Respeto la democracia brasileña. Tengo la conciencia tranquila respecto a mi papel como ministro», ha indicado. Torres ya anunció que adelantará su regreso a Brasil para ponerse a disposición de la Justicia.

Entre tanto, crece la presión para que se investigue el papel de Bolsonaro en la revuelta. 46 congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos han firmado una carta en la que exigen al presidente, Joe Biden, que se investigue si el asalto a la plaza de los Tres Poderes fue planeado desde Estados Unidos. El exmandatario brasileño llegó al país el pasado 30 de diciembre. La misiva de los diputados también solicita a la Casa Blanca analizar la situación legal de Bolsonaro en el gigante americano ya que, al no ser ya presidente ni ostentar cargo oficial alguno, podría estar en situación irregular en territorio estadounidense. Washington «no debe dar cobijo ni a él ni a cualquier autoritario que haya inspirado tal violencia contra las instituciones democráticas», zanja el documento.