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ivia ugalde
Sábado, 26 de junio 2021, 01:20
Una ráfaga de disparos contra el helicóptero en el que viajaban el presidente y dos de sus ministros cerca de la frontera con Venezuela resucitó el viernes en Colombia el sangriento fantasma de los tiempos de Pablo Escobar y los años más duros de la ... extinta guerrilla de las FARC. El primer ataque contra un jefe de Estado del país en dos décadas sembró la conmoción por las consecuencias fatales que pudo provocar de no haber sido por el «dispositivo aéreo de seguridad, y la capacidad» del aparato, un Sikorsky UH-60 Black Hawk, que al estar blindado, «evitó que ocurriera algo letal», como contó el mandatario al narrar en directo desde Twitter el drama vivido por culpa de un «atentado cobarde» del que pudo salir ileso.
Lejos de sentirse intimidado, Iván Duque respondió con absoluta firmeza tras poder aterrizar finalmente en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta junto a su ministro de Defensa, Diego Molano; el titular del Interior, Daniel Palacios, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, tras una visita al municipio de Sardinata. «Al Gobierno no se le amedrenta con violencia ni con actos de terrorismo. Nuestro Estado es fuerte, Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas», aseguró, al tiempo que anunció que la prioridad es dar ahora con los responsables. Para ello, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos (unos 670.000 euros) por cualquier pista que permita dar con su paradero.
El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, esclareció este sábado que «los hechos ocurrieron a 1,2 kilómetros de la cabecera de la pista del aeropuerto de Cúcuta», cuyo barrio es una de las zonas con mayor índice de inseguridad y tasa de homicidios de la ciudad, próximo a la zona rural y a la frontera con Venezuela. De igual modo, la convulsa región del Catatumbo a la que había acudido poco antes Duque cuenta con presencia de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un reducto del Ejército Popular de Liberación, disidentes de las FARC y narcotraficantes que se disputan el territorio.
Las investigaciones llevadas a cabo han permitido localizar en las cercanías del aeródromo de Cúcuta las dos armas que presuntamente se utilizaron para el ataque. «Son un AK-47 con número de registro que ya está siendo buscado por los peritos de la Policía Nacional y de la Fiscalía, y un fusil calibre 7-62 tipo FAL con marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela», señaló Vargas, que también indicó que se han realizado 16 registros en la zona, dos allanamientos, varios interrogatorios y se han revisado varias cámaras de seguridad.
La jefatura del Estado precisó que el helicóptero presidencial recibió seis impactos de bala. En imágenes divulgadas por Bogotá se observaban algunos de ellos en la cola y la hélice principal. Las autoridades intentan esclarecer si lo ocurrido guarda relación con el ataque del pasado 16 de junio, cuando un coche bomba estalló dentro de una instalación militar en Cúcuta, también en la frontera con Venezuela, dejando un saldo de 36 heridos. El Ejecutivo responsabilizó entonces al ELN, relevó de sus puestos a dos coroneles y ha abierto pesquisas contra otros seis militares por una posible participación.
A falta de que se esclarezca la autoría del atentado contra Duque, las reacciones de condena de la comunidad internacional no se hicieron esperar. Los Gobiernos de Argentina, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Chile y Panamá mostraron su repulsa por lo ocurrido, al igual que el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Con máxima contundencia se expresó igualmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al manifestar su «máximo repudio» por lo ocurrido. De igual modo, trasladó al mandatario colombiano su «apoyo y solidaridad» y el de «el pueblo de España» ante un hecho «tan deleznable». «Defenderemos siempre nuestros valores democráticos frente a los violentos», aseguró.
Desde el 14 de febrero de 2003, Colombia no había vuelto a ser testigo de un ataque contra un presidente. El último atentado del que se tenía recuerdo fue el que perpetraron las FARC contra el entonces mandatario Álvaro Uribe en el aeropuerto de Neiva, capital del departamento sureño del Huila. Una casa repleta de explosivos cercana al aeródromo Benito Salas aguardaba el aterrizaje del avión en el que viajaba el jefe de Estado para saltar por los aires. Pero la bomba estalló antes de tiempo y Uribe pudo salir ileso. No ocurrió lo mismo con nueve policías, una fiscal y cinco civiles que velaban por su seguridad. En total, 15 muertos y 66 heridos.
El terror, sin embargo, ya había hecho acto de presencia poco antes, con dos golpes asestados con apenas cuatro meses de diferencia, también contra Uribe. El primero se produjo en abril de 2002, cuando al postularse como candidato guerrilleros de las FARC activaron cargas explosivas al paso de su caravana por Barranquilla, capital del norteño departamento del Atlántico. Murieron cinco personas y decenas resultaron heridas. Uribe escapó a salvo al ir a bordo de una camioneta blindada.
Poco antes de su investidura, en agosto de 2002, las FARC lanzaron cohetes y morteros contra la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, dando lugar al ataque más grave contra un mandatario. Algunos cohetes se desviaron y cayeron en viviendas de El Cartucho, un barrio humilde de Bogotá, donde fallecieron 19 personas y otras 40 quedaron heridas.
Años atrás, el capo del cartel de las drogas de Medellín, Pablo Escobar, se cobró 110 vidas al explotar el 27 de noviembre de 1989, en pleno vuelo, un avión de Avianca que acababa despegar de Bogotá con destino a Cali. La acción iba dirigida al candidato presidencial liberal César Gaviria Trujillo, quien finalmente no abordó ese vuelo. En esa campaña fueron asesinados otros tres aspirantes a la presidencia.
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